Buscan impedir que iniciativas queden en la congeladora
El diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, anunció que presentará ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con el propósito de combatir el rezago legislativo y evitar que las iniciativas permanezcan sin dictaminar durante años, incluso entre una legislatura y otra.
El legislador explicó que la propuesta parte del principio de que toda iniciativa presentada en el Congreso debe recibir una resolución institucional, ya sea para aprobarla, modificarla o desecharla, pero no permanecer indefinidamente en espera de un dictamen.
Villegas señaló que, aunque la legislación vigente establece un plazo de 180 días naturales para que las comisiones emitan un dictamen, en la práctica existen asuntos que permanecen archivados durante largos periodos, lo que genera acumulación de pendientes y retrasa la atención de propuestas de interés público.
La iniciativa contempla cuatro ejes principales. El primero consiste en mantener plazos efectivos para que las comisiones analicen y resuelvan oportunamente las iniciativas que les sean turnadas.
El segundo establece que las prórrogas solo podrán otorgarse de manera excepcional y deberán estar debidamente justificadas, explicando las razones por las que no fue posible concluir el análisis dentro del plazo ordinario.
Como tercer punto, la reforma plantea crear consecuencias institucionales cuando no se cumplan los tiempos establecidos, con un mecanismo que impida que el simple transcurso del tiempo mantenga una iniciativa sin resolver, sin afectar las facultades de las comisiones legislativas ni los derechos de las minorías parlamentarias.
Finalmente, propone un procedimiento para revisar los asuntos pendientes al inicio de cada nueva legislatura, con el fin de determinar cuáles conservan vigencia y deben continuar su trámite, evitando que el rezago se herede de un periodo legislativo a otro.
El diputado aseguró que esta reforma no es un modelo inédito, ya que una legislación similar ya fue aprobada en Quintana Roo, por lo que, de avalarse, Puebla se convertiría en la segunda entidad del país en contar con un mecanismo de este tipo para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad del Poder Legislativo.
