Activa Congreso ruta para remover a la autoridad municipal
El Congreso del Estado de Puebla puso en marcha el procedimiento legislativo para analizar la solicitud de revocación de mandato promovida por integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio en contra de la presidenta municipal, Guadalupe Bárcenas.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar, informó que el escrito fue recibido el pasado fin de semana y será presentado ante el Pleno en la sesión ordinaria del próximo 25 de junio, para posteriormente ser remitido a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, instancia encargada de su estudio.
El legislador dejó claro que la recepción del expediente no representa una destitución automática ni un juicio anticipado contra la alcaldesa, sino el comienzo de una revisión institucional apegada al marco legal.
“Este acto constituye formalmente el inicio de un procedimiento y no una resolución automática”, puntualizó.
Gaspar sostuvo que el Congreso aplicará exactamente el mismo criterio jurídico que ha utilizado en otros casos similares, descartando cualquier motivación política en el análisis de la solicitud.
Una vez que el expediente llegue a la comisión correspondiente, los diputados definirán la ruta de trabajo, requerirán información adicional, evaluarán las pruebas aportadas y determinarán si existen elementos suficientes para acreditar alguna de las causales de revocación previstas en la Ley Orgánica Municipal.
El coordinador legislativo también señaló que entre los acuerdos alcanzados por autoridades municipales y la Secretaría de Gobernación estatal se contempla una auditoría externa, cuyos resultados podrían aportar información relevante al proceso.
Por su parte, el director jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, explicó que la legislación no fija plazos específicos para resolver una solicitud de esta naturaleza, debido a que se trata de procedimientos extraordinarios que involucran derechos fundamentales y la estabilidad institucional de los municipios.
El funcionario subrayó que la revocación de mandato requiere acreditar faltas graves y no puede sustentarse únicamente en acusaciones o diferencias políticas.
“No hay tiempos establecidos dentro de la ley. Estamos ante procedimientos de carácter excepcional porque están en juego derechos, gobernabilidad y paz social”, explicó.
Asimismo, precisó que el Congreso no sustituye las facultades de otras autoridades, por lo que cualquier elemento relacionado con posibles responsabilidades penales, administrativas o de fiscalización deberá ser valorado por instancias como la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado o los organismos competentes.
Juárez Lezama reveló que, tras una revisión preliminar, la solicitud presentada contiene principalmente oficios y acuses documentales, sin que hasta el momento exista algún dictamen emitido por una autoridad competente que respalde las acusaciones planteadas.
Por ello, enfatizó que la sola presentación del recurso no acredita la procedencia de la revocación y que cualquier determinación deberá sustentarse en pruebas objetivas y en el respeto al debido proceso.
En caso de que la comisión considere que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento, la presidenta municipal deberá ser notificada formalmente para ejercer su derecho de audiencia, presentar pruebas de descargo y defenderse antes de que el Congreso emita una resolución.
