Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
La disputa entre dos facciones por la posesión de tres predios de alto valor comercial en San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula escaló hasta exhibir la porosidad de la batalla contra la corrupción que el gobierno del estado mantiene en el sector público, especialmente en los cuerpos de seguridad
Información en poder del autor de esta columna estable el Poder Judicial del estado concedió la razón del pleito legal a la firma empresarial Control Solutions SA de CV, en el expediente 476/2025/5C del Juzgado Quinto Civil en el estado, que fue pasado por alto por un comando de las llamadas fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
Se trata de la corporación policial que lidera el vicealmirante Francisco Sánchez González.
Fue el 29 de abril que se ejecutó la orden judicial y las personas designadas por Control Solutions tomaron posesión del inmueble. Fue sin embargo que tiempo después el empresario gasolinero de nombre Francisco José Zorrilla Alanís echó mano del apoyo policial para recuperar los bienes que una autoridad judicial había entregado a la parte agraviada.
Zorrilla Alanís fue presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo y su nombre ha estado vinculado permanentemente en pleitos judiciales como el que documentó el periódico elinsurgente.mx en el que se establece que evadió el pago de pensión alimenticia en el año 2020.
En octubre de ese mismo año la Procuraduría Federal del Consumidor señaló a la empresa expendedora de combustibles Las Cúpulas SA de CV, propiedad polémico personaje, de vender litros incompletos, por lo que fue exhibida en la sección “quien es quien en los precios” en la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El largo historial en torno a este personaje vive un capítulo nuevo, desde los últimos dias del mes de abril. Los videos que circularon en redes exhiben a un comando de la Policía Estatal dentro de la agencia de autos Izuzu.
En uno de los materiales que se observa el número P-478 de la Policía Estatal y otros vehículos más, se lee “FUERZAS ESPECIALES” de la dependencia del vicealmirante Sánchez González.
El operativo de la corporación policiaca exhibió armamento de alto poder para desalojar a los legítimos posesionarios, según el criterio del Juez que conoció del casó, pero adoleció de mandato judicial.
En el ambiente se instaló la idea de que detrás de la acción policial hubo tráfico de influencias para favorecer a quien aún mantiene vasos comunicantes con el poder público y que una vez más, se pasó por alto la determinación del Poder Judicial que mediante juicio mercantil había concedido la razón a una de las partes en pugna.
Hasta el momento de escribir esta entrega no había una postura oficial de la corporación para conocer las razones que llevó a ese agrupamiento para interceder abiertamente en un pleito entre particulares, pero exhibió que el poder detrás de la ley suele favorecer personajes que terminan por tiznar a las instituciones que necesitan recuperar la confianza ciudadana de manera urgente.
@FerMaldonadoMX
