Implicaría una revisión legal y recursos para una indemnización
La revocación de la concesión de Agua de Puebla no es un proceso sencillo, ya que requiere una revisión jurídica exhaustiva, acreditar incumplimientos graves por parte de la empresa y contar con recursos para hacer frente a una eventual indemnización, afirmó la directora general de SOAPAP, Josefina Morales Guerrero.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, y en respuesta a un nuevo cuestionamiento de la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, la funcionaria explicó que el título de concesión, firmado el 26 de diciembre de 2013, tiene una vigencia de 30 años y 113 días, y contempla las figuras de revocación y rescate únicamente cuando se acrediten incumplimientos graves del concesionario o exista una causa de utilidad pública.
Morales Guerrero detalló que el propio contrato establece un procedimiento legal que obliga a notificar al concesionario las causas de una eventual revocación, otorgarle plazos para presentar pruebas y argumentos de defensa, además de reconocer el derecho a una indemnización si se concreta la terminación anticipada de la concesión.
Indicó que este procedimiento está ligado a las evaluaciones anuales sobre el cumplimiento de indicadores, inversiones y mantenimiento previstos en el título de concesión, por lo que cualquier decisión debe sustentarse con documentación técnica y jurídica suficiente.
La titular de SOAPAP señaló que recientemente concluyó la evaluación correspondiente al décimo año de la concesión y recordó que fue hasta el tercer convenio modificatorio, firmado el año pasado, cuando se incorporaron sanciones más severas por incumplimientos.
Finalmente, advirtió que, además del posible pago de una indemnización, el Estado tendría que asumir los costos de operación del servicio para garantizar el suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, por lo que sostuvo que una eventual revocación debe analizarse con responsabilidad financiera y legal.
