En un comunicado, la dependencia informó cómo operaba la colusión en corporaciones federales
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó que de acuerdo con datos de convincentes, que están siendo valorados por el Poder Judicial, Manuel Roberto "N" y Fernando "N", conocidos como "Los Primos", intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
Mediante un comunicado, la funcionaria dio a conocer que Roberto "N", en particular, gestionaba directamente los nombramientos y promociones dentro del sector naval y junto a su cómplice, conformaron una red criminal en la que se encargaban de asegurar contrabando de hidrocarburo.
“Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar. Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, señaló la fiscal.
Indicó que se establecían calendarios de arribo en cadena de complicidades, a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante 3 empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a ingresos de la venta.
Tras el cateo de una bodega que Roberto "N" arrendaba en la capital del país, se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada / confidencial y armas sin el debido registro.
“Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto "N" y Fernando "N" junto con sus cómplices, presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal. Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal”.
Manifestó que servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar, pues las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión.
“Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. El contrabando de hidrocarburos es un acto ilegal, como también un delito que debilita a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que debieron ser utilizados para impulsar el bienestar del pueblo”, agregó.
Finalmente, como parte de las indagatorias, dieron seguimiento al rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que participaron en las distintas etapas de esta cadena ilegal, en la que existe evidencia de participación de Manuel Roberto "N" y Fernando "N".
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia. La Fiscalía que encabezo seguirá investigando e informando al pueblo de México”, concluyó.
