Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Durante décadas, algunos de los medios de comunicación que se conoce en el ámbito local y nacional han construido famas y derribado reputaciones.
Lo han hecho con relativa facilidad porque desde el ecosistema informativo se miente con relativa impunidad.
Los casos que son ejemplo abundan. Aquí se citarán algunos de ellos, para dar una muestra de esa conducta inmoral que no trajo sanción alguna, aun a sabiendas de que se trató de una consigna por interés.
El 6 y 7 de noviembre de 2017 Televisa Puebla transmitió un reportaje en dos entregas en los que se aseguró, Alejandro Armenta había manipulado dinero para atender a damnificados del huracán Dean una década antes, en 2007.
No había que tener una bola de cristal para entender que ese trabajo sucio era un encargo del grupo político del panista Rafael Moreno Valle para descarrilar por la mala a quien ya veían con potencial de crecimiento en la esfera pública.
Era el periodo en el que el diario Cambio de Ignacio Mier utilizaba todo tiempo de adjetivos y apodos para referirse a quien ahora le quema incienso una y otra vez.
Nadie se detuvo a preguntar si lo narrado en esas publicaciones había tenido consecuencias internas en la redacción en la que se construyó la trama mediática.
El ejemplo de ese episodio explica con diáfana claridad la necesidad de establecer mecanismos de regulación interna desde los propios medios que ofrecen contenidos a sus audiencias.
En el otro polo está la abierta intervención del poder político para obligar a una televisora como TV Azteca a suspender un programa de televisión desde donde se hacia apología del delito.
Fue el ex presidente Ernesto Zedillo quien en 1997 ordenó sacar del aire un producto chatarra de nombre Ciudad Desnuda que conducían Rocío Sánchez Azuara y Eduardo Blancas, cargado de morbo … Y mentiras, muchas mentiras para estimular el interés de un público desinformado, pero ávido de sangre.
No hubo queja, ni voz que dijera que se había tratado de un acto de censura como ahora clama el presidente del consorcio, Ricardo Salinas Pliego, que ya había utilizado la pantalla para llamar a desconocer a la autoridad capitalina.
“Hoy le tocó a Paco, mañana le puede tocar a usted, a mí o a cualquiera”, dijo en un monólogo antes de saberse que el conductor de televisión Paco Stanley había sido acribillado por sus vínculos con narcotraficantes.
En medio de ese contexto, plagado de conductas inmorales, abusivas e impunes es que surge una voz monocorde que apunta a un ataque a la libertad de expresión.
¿Podría serlo?
Si.
Pero lo cierto es que ha sido consecuencia de una conducta poco honorable que atenta contra la honra de quien se convierte en el blanco de la carga mediática por un interés que nada tiene que ver con el legítimo derecho de llevar información útil a las audiencias.
Es probable que no haya habido en el pasado dos presidentes que hayan sido tan atacados como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Pero también hemos visto esa misma conducta en personajes públicos, en la política o la empresa que un día son denigrados sin derecho a una defensa de la honorabilidad.
La discusión sobre la instauración del defensor de las audiencias ha sido una necesidad, dese hace décadas, como ya es una realidad en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Gran Bretaña, por ejemplo.
Lo que no se puede ni debe permitir que esa regulación venga desde el poder, como sucedía en el régimen de Gustavo Díaz Ordaz y quienes le siguieron.
El axioma que dicta que “la calumnia, cuando no mancha, tizna” no debía tener lugar entre periodistas decentes.
@FerMaldonadoMX
