Gobierno estatal defiende legislación: no atenta contra libertad de expresión, aseguran
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, rechazó que la recién aprobada Ley de Ciberseguridad en Puebla limite la libertad de expresión.
En conferencia de prensa, afirmó que la normativa no impide que los ciudadanos señalen a funcionarios públicos por fallas en su gestión, pues rendir cuentas es una obligación inherente al servicio público.
“Es falso que ya no se le pueda señalar a los funcionarios. Todas y todos los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Si un funcionario o funcionaria no cumple con su responsabilidad, se le puede señalar su falta de resultados, su incapacidad, su omisión o, en su caso, su corrupción. Eso no tiene nada que ver con esta ley”, puntualizó García Parra.
El funcionario reiteró que la Ley de Ciberseguridad tiene como objetivo principal proteger los derechos digitales de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes, quienes son los más vulnerables ante riesgos en redes sociales. En este sentido, destacó que Puebla ocupa actualmente el quinto lugar a nivel nacional en incidencia de ciberdelitos.
García Parra informó que entre 2024 y lo que va de 2025, se han abierto alrededor de 1,500 carpetas de investigación por delitos cibernéticos en la entidad. Sin embargo, aclaró que, antes de la aprobación de esta ley, muchos de estos casos no pudieron ser judicializados debido a la falta de una tipificación adecuada. Solo dos carpetas fueron consignadas, pero por delitos distintos a los cometidos en entornos digitales.
Asimismo, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar los marcos legales que garanticen la libertad de expresión en el país.
“La ley de ciberseguridad es otra cosa; no tiene relación alguna con limitar el derecho a expresarse libremente, como falsamente se ha querido construir en algunos espacios”, aclaró.
Finalmente, García Parra hizo énfasis en que una de las prioridades del actual gobierno estatal es la protección de los derechos de las y los poblanos, particularmente de la infancia, al mencionar que muchos menores que sufren ciberacoso han llegado a considerar o incluso concretar el suicidio.
