"Ya basta de obras capricho", dijo el mandatario sobre esta estructura
El gobernador Alejandro Armenta solicitó de manera formal a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Finanzas una auditoría exhaustiva a la obra del Teleférico de Puebla, al considerar que representa un posible caso de corrupción. “Si existen responsables vivos, deberán rendir cuentas”, advirtió.
En rueda de prensa, Armenta enfatizó que la construcción del Teleférico, ubicado en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, implicó un fuerte costo para el erario y constituye un “monumento a la corrupción”. En este sentido, pidió a los funcionarios públicos no ser omisos en la revisión de dicha obra y actuar con todo el peso de la ley en caso de detectarse irregularidades.
"Ese es el teleférico a mí me daría vergüenza por eso somos cuidadosos de Qué obras estamos haciendo no son caprichos del gobernador Quién hace obras capricho se siente emperador Rey o virrey y cree que puede poner una estatua en su nombre", señaló.
Respecto al costo de mantenimiento y operación del Teleférico, el mandatario señaló que desmontarlo y reubicarlo costaría 3.5 millones de euros, mientras que ponerlo en funcionamiento requeriría 1.2 millones de euros adicionales, lo que equivale a más de 26 millones de pesos.
En otro tema, el gobernador criticó el esquema financiero del Museo Internacional Barroco (MIB), al que calificó como una “mentira”, ya que, aunque fue financiado con recursos públicos, no pertenece al Estado sino a una empresa privada. Detalló que el gobierno estatal paga actualmente 523 millones de pesos anuales por este proyecto, y que aún faltan 15 años para liquidar el contrato, lo que implicaría un desembolso total cercano a los 9 mil millones de pesos. “Con ese dinero podríamos construir casi 500 escuelas o fortalecer sectores como el campo y la seguridad”, afirmó.
Armenta dejó en claro que su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco será omiso ante posibles actos de corrupción. “No son amenazas, pero nuestro gobierno busca combatir la corrupción y apegarse a la ley”, sostuvo.
Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos y anunció que su administración trabaja en una iniciativa denominada Ley Anti Moche y Anti Milpa, con el objetivo de evitar que futuros funcionarios utilicen sus cargos para enriquecerse. También llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro ilegal por parte de servidores públicos, ya sea en temas de impacto ambiental, licencias de infraestructura o asignación de plazas educativas.
