Asegura que no negará ninguna de sus amistades políticas
El exgobernador y actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó a esperar los resultados de las auditorías que se realizan al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla, y sostuvo que cualquier persona que haya incurrido en irregularidades deberá asumir las consecuencias.
Céspedes subrayó que, aunque mantiene amistad con algunos de los señalados, esto no exime a nadie de rendir cuentas:
“Yo no me deslindo nunca de mis amistades, pero ellos tienen la responsabilidad de rendir cuentas claras”, afirmó.
El comisionado añadió que durante su administración como gobernador se instruyó actuar conforme a derecho, por lo que, si se demuestra alguna falta, cada implicado deberá responder.
“Ellos deben rendir cuentas con total claridad”, insistió, al recordar que prevalece la presunción de inocencia mientras no exista una resolución.
Las declaraciones del exmandatario se dan en medio de las auditorías iniciadas por el gobierno del estado sobre presuntas irregularidades en la SEP, especialmente durante la gestión del exsecretario Jorge Estefan Chidiac (2024-2025), quien fue designado por Céspedes cuando era gobernador.
Líneas de investigación
Las revisiones, encabezadas por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, abarcan presuntos actos irregulares relacionados con:
* Asignación de plazas docentes y administrativas, con señalamientos específicos sobre violaciones a la normativa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 211.
* Otorgamiento de Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOEs) durante la gestión pasada.
* Revisión de procesos de hasta 10 años atrás, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, para garantizar una fiscalización amplia y transparente.
El gobernador Alejandro Armenta ha señalado públicamente a Estefan Chidiac como responsable directo de las irregularidades y del conflicto magisterial que detonó a partir de estas acciones. Las auditorías continúan en curso en noviembre y diciembre de 2025, y las autoridades estatales han reiterado su intención de llegar “hasta donde tope” para deslindar responsabilidades.
Céspedes, por su parte, reiteró que los resultados deberán ser transparentes y que cualquier funcionario que resulte implicado “deberá asumir su propia responsabilidad”, independientemente de vínculos personales o políticos.
