Se pronuncia el gobernador sobre el proceso de selección del nuevo Auditor
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confió en que el Congreso del Estado elegirá a un nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que garantice un proceso de fiscalización honesto, transparente y libre de intereses personales o políticos.
El mandatario Armenta fue enfático al señalar que la ASE en Puebla no puede volver a convertirse en un instrumento de presión ni en un espacio para hacer negocios.
“Ni garrote político, ni más negocios a nombre de la Auditoría. No queremos auditores que se dediquen a hacer negocio con la institución”, afirmó.
El mandatario recordó que por años la Auditoría operó bajo esquemas en los que algunos auditores usaron el cargo para generar acuerdos irregulares o ejercer presiones políticas. Subrayó que ese capítulo debe quedar cerrado con la renovación del titular del organismo.
Aseguró que quienes ejercen recursos públicos tienen la obligación de comprobarlos sin excepciones:
“Los que somos objeto de revisión tenemos que comprobar el ejercicio del gasto, sí o sí”.
Advierte a presidentes municipales: no intervendrá en sus cuentas públicas
En un mensaje directo a los alcaldes y funcionarios sujetos a fiscalización, Armenta reiteró que no permitirá gestiones políticas para frenar procedimientos en su contra.
“Ni me busquen. No voy a intervenir para la liberación de cuentas públicas”, sentenció.
Recordó que la revisión del gasto debe realizarse conforme a la ley y que ningún servidor público puede pretender influir en estos procesos mediante cercanía con el gobierno estatal.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reforzó el mensaje del gobernador. Señaló que, cuando presidió la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, se hizo un exhorto firme a los presidentes municipales para entregar en tiempo y forma sus cuentas públicas.
Explicó que muchos expedientes que permanecían abiertos comenzaron a cerrarse en fechas recientes gracias a la entrega de información precisa y al cumplimiento de los criterios de fiscalización.
Añadió que, desde entonces, se insistió en que los recursos deben invertirse exclusivamente en lo que marca la Constitución y en beneficio directo de los ciudadanos, evitando cualquier tipo de desvío.
