Restringe juez a Irene Olea salir de Puebla por caso de abuso a activistas y periodistas

Restringe juez a Irene Olea salir de Puebla por caso de abuso a activistas y periodistas
Parabólica.Mx
Izúcar de Matamoros Irene Olea

La ex alcaldesa de Izúcar dijo al Juez no tener dinero para pagar un abogado

Tuvieron que transcurrir 810 días, 27 meses, para que un Juez del Poder Judicial Federal logrará ubicar y notificar a Irene Olea Torres, por fin el lunes 9 de junio del 2025 se presentó en el Centro de Justicia Penal Federal de la colonia El Batán de ciudad de Puebla donde se le imputarían cargos como detención ilegal, privación de la libertad, tortura, presuntos ataques sexuales y falsedad de declaraciones en agravio de las periodistas Michel y Natalie Hoyos López e integrantes del colectivo Marea Purpura.

Irene Olea dijo no tener dinero para pagar un abogado

La ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres fue denunciada por presuntamente ordenar al personal de la policía municipal la detención de periodistas y activistas previo a la marcha del 8 de marzo del 2023 en el centro de ese municipio.

Durante la detención las periodistas y activistas fueron objeto de agresiones sexuales, privación ilegal de la libertad y fueron amenazadas con ser “desaparecidas” por ordenes de quienes los uniformados citaron como “La Jefa Irene”.

Este lunes por fin se presentó ante el Juez alrededor de la 1:30 de la tarde, en su trayecto al Juzgado evitó responder a los reporteros sus cuestionamientos, no se detuvo, caminó a paso veloz para evadir a un grupo de activistas que la esperaban en uno de los accesos. Olea Torres cubrió su rostro parcialmente con un cubreboca.

La audiencia se reprogramó para este miércoles 11 de junio a las 13:15 horas.

Juez ordena a la ex alcaldesa no salir del estado de Puebla

La expresidenta izucarense, emananda del partido Morena argumentó al Juez del Centro de Justicia Penal Federal no contar con recursos económicos para poder pagar un abogado, por lo que solicitó un defensor público para que la represente en su defensa.

La audiencia se reprogramó para este miércoles y fue advertida por el Juez de no incurrir en el desacato, no cambiar de dirección y no salir del estado de Puebla.

Fue recibida con gritos y con cartulinas que reclamaban justicia.

¡Irene no es aliada, es privilegiada!

¡Justicia para Natalie y Michelle!

¡Lograste evadir cuatro audiencias, ni una más, exigimos justicia!

¡Irene por fin estás ante la justicia, 27 meses esperando!

¡Venimos todos para exigir justicia, llevamos 2 años y tres meses y todavía no hay nadie en la cárcel!

¡Queremos justicia, pronta y expedita!

Tarde o temprano Irene estaría aquí ante la justicia: Michelle Hoyos

Tarde o temprano Irene Olea estaría aquí frente a la justicia con la cabeza agachada y la voz temblorosa, debe responder por todos los hechos y atropellos que han quedado impunes durante 27 meses, seguiremos exigiendo justicia, así lo señaló con firmeza Michelle Hoyos López, reportera víctima de la detención ilegal y agresiones ya denunciadas.

Con altavoz en mano, Michelle agradeció el acompañamiento, respaldo del colectivo Marea Purpura, familias, amigos y compañeras de la escuela durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal. Michelle solicitó a la Guardia Nacional, Ejercito, Policía Estatal no intimidar las expresiones de justicia. “Las mujeres no representamos ninguna condición de peligro, no es necesario que nos rodeen, pedimos justicia pronta y expedita”, puntualizó.

Hasta el momento, se han emitido órdenes de aprehensión contra seis implicados, entre ellos cuatro policías, una agente y un juez auxiliar.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que los delitos de tortura y abuso de autoridad ameritan una revisión exhaustiva, especialmente al tratarse de un contexto de violencia de género.

En la segunda carpeta de investigación, que se centra en la falsificación de documentos, señala a Olea Torres como responsable de encubrir las violaciones a los derechos humanos mediante informes alterados.

La exalcaldesa enfrenta cargos bajo el artículo 254 del Código Penal de Puebla, que sanciona la falsedad en declaraciones con penas significativas.