Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Si no hay cambio de señales, la modificación al artículo 480 del Código Penal para el Estado de Puebla que fue interpretada como un amago de censura y atentado a la libertad de expresión vive sus últimos días, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, a mediados de julio próximo.
A la posibilidad de cerrar la puerta a la ambigüedad en la modificación legislativa, ha venido la posición abierta que apunta directamente a hacer los cambios necesarios. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Alejandro Armenta y la presidenta del Congreso, Laura Artemisa, la narrativa desde la 4T es unánime: no a la censura.
De concretarse, el aserto despojará de un discurso artificioso de quienes en el pasado formaron parte de gobiernos censores y hoy se visten de ropajes libertarios y defensores del trabajo de los medios, en una apuesta sin rubor por la desmemoria y el cinismo.
Huidizos, sin el coraje que ahora muestran, filtraban a los medios críticos de los gobiernos panistas los malos modos, insultos y agravios que recibían de un gobierno supuestamente aliado en ese entonces, como el del fallecido Rafael Moreno Valle.
Líder de Coparmex hasta 2015, el “combativo” regidor del ayuntamiento de Puebla, Carlos Montiel Solana, solía utilizar a la prensa insumisa como paño de lágrimas tras los zarandeos de que era objeto en el equipo del exmandatario, pero no se atrevió nunca a señalar directamente esos maltratos, y tampoco a defender de los medios del intento de exterminio institucionalizado.
En esa misma tesitura están los Riestra, Mario y Susana; presidente y diputada local por Acción Nacional, miembros conspicuos de ese régimen dictatorial que gobernó oficialmente de 2011 a 2017 que llegó a integrar una lista de 18 periodistas que serían llevados a juicio, según las entregas de dos columnistas consentidos por ese grupo político: Mario Alberto Mejía y Arturo Rueda.
Existe el caso de un periodista radiofónico en la capital que llegó a ser “levantado” cuando se encontró una negativa en la empresa para ser cesado porque no era de la simpatía de Moreno Valle o quien fue vigilado durante meses por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia.
Hay una larga lista de miembros de la clase política hoy en día que en ese periodo calló ante las atrocidades cometidas al amparo del poder. Un de las mas condenables sucedió en noviembre de 2012, cuando el régimen del PAN apenas comenzaba y que pinta de cuerpo entero a un equipo político dominado por la sociopatía.
Un reportero independiente de nombre Adrián Silva Moreno y su acompañante Misrael López González se disponían a cubrir un operativo militar cuando una camioneta les cerró el paso para ser ejecutados y que la UNESCO condenó.
El secretario general de Gobierno de ese entonces, Fernando Manzanilla Prieto, salió a los medios a rechazar que Silva Moreno fuera periodista. Con una declaración, como sepulturero, enterró años de trabajo de ese informador muerto por el crimen organizado.
El oportunismo de hoy fue cómplice de un periodo del pasado en el que verdaderamente se ejerció censura, ataques violentos y hasta criminales en contra de un grupo de periodistas que resistió, incluso a pesar de la asfixia financiera que se impuso y del que nadie en ese periodo dijo algo, por cobardía o rentabilidad política.
El artículo 480 del Código Penal será modificado parcialmente para garantizar el ejercicio periodístico, no por esas voces estentóreas convenencieras que gritan “al ladrón… al ladrón” para evitar el juicio del pasado, sino porque el Estado está obligado a tutelar garantías individuales como el derecho a la vida, la educación, alimentación y libertad de expresión.
@FerMaldonadoMX
