Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Puebla organiza este lunes un diálogo con líderes de opinión en el contexto del muy encendido debate sobre una ley que desde la semana pasada se encuentra vigente y que castiga con cárcel el acoso o asedio a través de redes sociales.
Se trata de un ejercicio que corre en paralelo a los que organiza el Congreso del Estado que preside la diputada Laura Artemisa y que ha dado voz a quienes están en desacuerdo con el trabajo legislativo que reformó el artículo 480 del Código Penal y quienes están en favor de sancionar a perfiles anónimos y cobardes que denigran o estereotipan a niños y mujeres, sobre todo.
Bety Camacho, presidenta del sindicato patronal ha sido suficientemente inteligente para convertirse en una actriz actuante desde el empresariado organizado dentro del aparato gubernamental sin tener que comprometer la independencia gremial y margen de maniobra en episodios complejos, como fue el caso de la elección de funcionarios del Poder Judicial Federal, el pasado 1 de junio.
En el territorio Coparmex se mantuvo atento en la observación del desarrollo de la jornada y hubo de levantar la voz cuando fue indispensable, respecto de una jornada que resultaba clave para el partido en el poder que mantuvo viva una narrativa sobre las componendas entre jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es junto con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez una voz que se escucha en las mesas de seguridad que aglutina a todo el gabinete en la materia que preside el gobernador Alejandro Armenta. No ha dudado en señalar omisiones o deficiencias en instancias gubernamentales sin que parezca grilla barata sino con la intención legítima para que las cosas mejores desde el ámbito institucional.
Con esa misma lógica es que Coparmex convocó para este inicio de semana a un grupo representativo de periodistas para hablar del polémico resultado de una propuesta para legislar sobre el uso de plataformas digitales desde el anonimato y que algunos segmentos han considerado, abre la puerta para criminalizar el ejercicio de la prensa, la opinión y la libertad de expresión.
El encuentro sucede dos días antes de que se realice la Sesión de Consejo General en la que se prevé la participación de la presidenta del Congreso, Laura Artemisa y que tendrá como eje rector la aprobación de la ley contra los ciberdelitos, sobre los que no habrá que perder de vista.
Soslayar la existencia de una conducta ilegal detrás del anonimato en redes sociales permitirá fortalecer tristemente en el imaginario la existencia de un clima que favorece la impunidad en detrimento de las víctimas del ciber asedio, como sucede con mayor crudeza en estos días.
Resultado de la enorme discusión sobre los alcances, limitaciones o deformaciones de la reforma al Código Penal debería traer como resultado establecer verdaderos mecanismos para maniatar a quienes se duelen de contenidos periodísticos punzantes, pero legítimos, sobre la conducta pública y resultado en el desempeño de sus encargos.
Y sucede justo en momentos en que, en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México se decidió emprender una cacería en contra de usuarios redes sociales que no coinciden con el modelo político en curso, con una salvedad: los detractores, a diferencia de algunos casos penosos en Puebla, sí tienen rostro, nombre y apellido.
Las amenazas a la libertad de prensa no vienen de la reciente reforma al Código Penal, sino del pasado. Sólo hay que revisar la historia para darse por informados que los censores de los medios han estado ahí, con nombre y apellido, con cargo público en el aparato, en organizaciones o partidos.
@FerMaldonadoMX
