Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
En Puebla, el intento de resucitar viejas prácticas desde las sombras vuelve a encender alarmas.
La reaparición de Rubén Alejandro Tello Hernández —quien en el pasado destacó no por su rigor jurídico, sino por operar con información reservada y aprovecharse del miedo ajeno— confirma que ciertos actores todavía creen que pueden moverse impunemente, como si nada hubiera cambiado.
Su paso por los tribunales hoy pretende proyectar influencia, aunque entre los especialistas del derecho y el foro poblano saben que durante su carrera apenas ocupó un lugar secundario, siempre dependiente de un superior jerárquico.
Lo inquietante es que su retorno coincide con la presencia de figuras que formaron parte del viejo andamiaje institucional.
Nombres como Jonathan Ávalos Meléndez, ex Consejero Jurídico, o el ex fiscal carnal Gilberto Higuera Bernal, vuelven a mencionarse en asuntos delicados vinculados a la procuración de justicia.
No se trata de hechos aislados. Hay múltiples señales que buscan reconectar piezas que en otro tiempo operaron bajo lógicas de presión política, filtraciones y manipulación de expedientes.
En este escenario, Tello trabaja ahora para Miguel Ángel Celis Romero, conocido como “El Animal de Tehuacán”, actualmente en prisión por extorsión.
Las versiones que circulan sobre intentos de acercamientos indebidos a magistrados, accesos sin autorización y propuestas económicas para influir en resoluciones judiciales dibujan un mecanismo ya conocido: alterar procesos desde la trastienda y mediante métodos que ya parecían desterrados.
La diferencia es que hoy las instituciones no tienen la misma fragilidad que antes, y los riesgos para quienes se aventuran a repetir esas prácticas son mucho mayores.
Por ello, resulta indispensable que la Fiscalía General del Estado actúe con claridad y contundencia. No es casual que personajes como Ávalos, Higuera y Tello reaparezcan en torno a asuntos de alto impacto.
La trayectoria común incluye episodios donde la información se convirtió en mercancía y la justicia en herramienta de presión para favorecer a grupos de interés, habitualmente en pugna por jugosos contratos, utilidades o cuantiosas herencias.
Permitir que esa dinámica cuestionable vuelva a instalarse supone un retroceso inaceptable para el estado de derecho y va en sentido contrario a la promesa de reconstruir el aparato de impartición de justicia desde abajo, como ya ocurrió con la elección del Poder Judicial federal .
Puebla tendría que haber dejado esa etapa mafiosa con agentes del Ministerio Público amañados; abogados con carteras forradas para la compra de voluntades y jueces dispuestos a faltar al criterio de imparcialidad. Ellos, al parecer, no.
Y ahí radica la obligación institucional y el compromiso moral: impedir que quienes alguna vez lucraron con la impartición de justicia intenten reactivarse bajo otras circunstancias, pero con el mismo interés por el dinero y el poder.
@FerMaldonadoMX
