Parabólica escribe Fernando Maldonado
El nombramiento del integrante del Consejo de la Judicatura en Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández dejó ver el cúmulo de intereses que desde el exterior que rodea aún al Poder Judicial.
Es tal la avalancha de publicaciones sobre la llegada de un nuevo perfil a esa responsabilidad que dejaron de lado lo obvio: Ciudad Judicial, sus juzgados y el personal siguen atendiendo a miles de personas que todos días buscan resolver asuntos personales, ya del ámbito penal, familiar o mercantil; empresarial o corporativo.
No solo desnuda a quien desde el anonimato ha alimentado la narrativa de la presunta inelegibilidad del nuevo presidente de la Judicatura, sino también un falso debate que pretende atraer la atención de otro escenario que debe ser ponderado por la pertinencia del caso.
Por primera vez en los últimos años, el relevo se produjo sin alterar el ritmo de trabajo cotidiano en una institución fundamental del Estado y su gobernabilidad, sino que dista años luz de los dos últimos relevos en el ámbito judicial, con casos como el del ex magistrado, Héctor Sánchez y, el mas reciente, Carlos Palafox.
En el primer caso el desencuentro con el ex gobernador Miguel Barbosa tensó al máximo la relación institucional entre ambos poderes que de suyo, debe prevalecer para el desahogo de casos jurídicos de gran calado; en el segundo, aún tratándose de un dedicado conocedor de las leyes, alimentó un descontento casi generalizado que llevó a ver por primera vez, manifestaciones de trabajadores dentro de Ciudad Judicial.
Desde diversos espacios mediáticos, en un evidente nado sincronizado, se ha insistido la supuesta existencia de un impedimento para tal nombramiento. En un ámbito como el del Poder Judicial, plagado de “vacas sagradas” que han alimentado por años carreras y egos, la llegada de sangre nueva incomoda.
Mas allá del ruido mediático y los brotes aislados tras la llegada del nuevo presidente de la Judicatura, se pasó por alto un dato preciso que resulta clave para entender desde el ámbito jurídico esa decisión.
De acuerdo con la ley vigente, quien haya sido nombrado consejero, legítimamente puede aspirar a presidir esa instancia; e incluso, como está formulada, la ley abre la probabilidad de la llegada de una persona que no pertenezca al Poder Judicial pueda formar parte del Consejo de la Judicatura.
Quienes hayan alimentado la mini tormenta mediática desconocían los términos de la ley vigente, o deliberadamente omitieron términos, alcances y limitaciones por intereses ulteriores. Nadie lo sabrá, salvo que en política -y en el Poder Judicial se hace mucha política y grilla palaciega- no hay casualidades, sino causalidades.
El Consejo de la Judicatura está integrado por cinco miembros: 1 es nombrado por el titular del Ejecutivo, y según lo dispuesto, no necesariamente debe tener carrera judicial; dos son designados por el Poder Judicial; y dos mas, por el Legislativo.
Pedro Antonio Martínez Hernández forma parte del Consejo de la Judicatura desde el 5 de agosto y llegó a propuesta del Poder Judicial y los artículos que se han invocado para restar elegibilidad, ya fueron derogados.
Otra mas de las imprecisiones de las columnas que han abordado el caso, atribuyendo el nombramiento al gobernador Alejandro Armenta, porque además, en el historial del ámbito de la Judicatura, no ha habido una persona que no haya formado parte de ese poder.
