Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado
En Puebla la justicia tiene tarifa. Y quien mejor lo representa es Miguel Ángel Celis Romero, empresario Tehuacanero, actualmente detenido pero que no enfrenta al sistema: lo financia. El no solo compró abogados y jueces; el ahora compra calma. Compra tiempo. Compra privilegios. Compra, como muchos lo dicen en voz baja, tranquilidad judicial.
Las recientes revelaciones sobre la Fiscalía General del Estado exhiben una maquinaria que funciona con lógica empresarial: primero se golpea desde afuera, luego se cobra para dejar de golpear. La institución que debería proteger al ciudadano opera como una oficina de cobro.
Se abren carpetas de investigación, se inventan delitos, se ejecutan cateos… y después se ofrece una salida para quien puede pagar. Pero también es cierto que, ante ese escándalo, la Fiscal General actuó de manera inmediata. Tomó cartas en el asunto, removió funcionarios y comenzó a limpiar la casa.
Esa reacción institucional es necesaria y valiente, aunque no suficiente. La titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt debe ser ahora más cuidadosa y enfática en algo clave: quién llega a sus áreas estratégicas, quién se sienta en puestos donde la justicia puede convertirse en negocio o en poder real sobre la libertad de otros.
La historia se repite en múltiples casos: empresarios señalados por lavado de dinero o fraude fiscal, cateos sorpresivos, filtraciones mediáticas. Luego, si el acusado tiene recursos, la carpeta se detiene en seco, el expediente se archiva, la prisión se vuelve negociable. Y ahí es donde nombres como Miguel Ángel Celis aparecen como símbolo: no como víctima, sino como ejemplo de quien compra paz a costa de un sistema que se había visto debilitado.
Preocupa especialmente que en Tehuacán la realidad confirma esta lógica perversa. Recientemente, fue removido el director del Centro de Reinserción Social por los privilegios que otorgaba a ciertos internos. El nuevo director, al asumir el cargo, se encontró de frente con Miguel Ángel Celis Romero, quien literalmente 'tira pesos a manos llenas' dentro del penal de Tehuacán para comprar comodidades, favores y protección. Es la prueba viva de que el dinero no solo compra abogados: compra paz, compra silencio y, sobre todo, compra impunidad.
Porque la justicia no castiga el delito, lo administra. No impone la ley: la renta. No procesa: negocia. Y en esa dinámica perversa, la Fiscalía queda marcada. Extorsiona al que está afuera, privilegia al que logra entrar con dinero. Es un doble rostro que corroe la legitimidad.
Ahora bien, la otra cara de la moneda también debe ser contada. La Fiscal General reaccionó, sí, y con firmeza. Pero su reto va más allá de remover piezas: debe blindar la institución. Evitar que perfiles corruptos regresen por la puerta de atrás.
Vigilar con lupa quién opera las áreas de inteligencia, las carpetas de alto impacto, los ministerios públicos con poder de detener o liberar. Solo así podrá recuperarse la confianza.
Hoy el mensaje social es devastador: si no tienes dinero, eres culpable; si lo tienes, como Miguel Ángel Celis, puedes negociar la justicia.
Esa lógica debe romperse. No basta con limpiar: hay que sellar las puertas por donde entra la corrupción.
Mientras se negocie con el poderoso, no habrá estado de derecho, sino de tarifas. Y en ese esquema, lo más caro que se vende no es la libertad: es la impunidad.
