Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
El proceso administrativo mediante el cual fue encontrada responsable *de diversas irregularidades* la ex secretaria de Planeación y Finanzas *María Teresa Castro Corro permitió observar al menos tres escenarios* en la vida política local.
El silencio sospechoso de la oposición a la 4T; el canibalismo político incluso entre quienes forman parte o tienen vínculos con el aparato gubernamental *y el revanchismo* existente.
Castro Corro fue sancionada con inhabilitación para ocupar cualquier cargo público para las próximas dos décadas y pagar una multa superior a los 363 millones de pesos, luego de que la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial la encontró culpable de desvío de recursos públicos por un monto de 600 millones de pasos.
Se le fincó esas sanciones tras los análisis conducentes por esa estratosférica cifra en un banco en vías de quebranto de nombre Accento, que finalmente se concretó en septiembre de 2021, un poco más de un año antes del fallecimiento de Miguel Barbosa.
Puebla no fue la única entidad gubernamental en depositar recursos en esa institución financiera. Entre los estados que también resultaron afectados fueron el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Tamaulipas.
En la esfera local, una vez conocida la sanción, hubo una ola de reacciones, condenatorias la mayoría de ellas, en contra de la gestión de la ex funcionaria en el gobierno de Miguel Barbosa, fallecido en diciembre de 2022.
Llama la atención que la oposición como el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y hasta Movimiento Ciudadano callaron ante la confirmación de la conducta irregular en una funcionario de primer nivel de un gobierno que llegó bajo la tutela del partido en el poder, presidido por un mandatario de línea dura que no tuvo reparo en descalificar a sus adversarios.
No fue sino dos días después que el panista Marcos Castro, legislador local y ex secretario general del Comité panista, acusó la existencia de un fracaso de Morena al frente del gobierno; pero la dirigencia estatal en cambio seguía sin fijar una postura.
En la forma también se evidencia la división de dos expresiones con una misma militancia pero con intereses encontrados, irreconciliables: la del excandidato a gobernador, Eduardo Rivera, en donde se encuentra el propio Castro y la del dirigente Mario Riestra.
El exauditor Francisco Romero Serrano, que había llegado al cargo con el visto bueno del fallecido exgobernador y luego llevado a proceso por acusaciones de violencia familiar que luego se desvanecieron subió un video cargado de acusaciones que en su cuenta de X ya tenía al medio día de este miércoles más de 43 mil vistas.
Otros *intentaron torpes deslindes* como son los casos de los diputados *Julio Huerta y Andrés Villegas*, ambos funcionarios en la Secretaría de Gobernación en el periodo de gobierno en que Castro Corro depositó ese dinero en Accendo Banco.
El resto del ruido en redes, medios y columnas sobre un caso que debe ser observado a detalle, viene de quienes resultaron afectados en el periodo en el que Barbosa Huerta despachó en Casa Aguayo.
