Con más perspectiva por Leticia Montagner
La situación actual de la salud mental en el país requiere pronta atención médica, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP), uno de cada 4 mexicanos ha experimentado un trastorno mental en algún momento de su vida; sin embargo, menos del 20 % recibe tratamiento oportuno.
Datos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), el 30 % de los mexicanos experimentará algún trastorno mental a lo largo de su vida y solo uno de cada 5 recibirá atención especializada. Además, el suicidio es la 4ª causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años según el INEGI (2023).
México tiene menos de 4 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media de los países de la Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es de 18 por cada cien mil; la concentración de servicios en hospitales psiquiátricos aísla a los pacientes y vulnera sus derechos.
La Organización Mundial de la Salud, ha informado que el 75 % de las personas con depresión o ansiedad en países de ingresos medios y bajos, como el nuestro, no reciben tratamiento alguno. Esos datos reflejaron una crisis silenciosa que requirió de una intervención legislativa y médica inmediata.
Por ello, el pasado 11 de mayo de 2025, una iniciativa de ley se presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual se aprobó el 11 de noviembre por mayoría consistente en las reformas a la Ley General de Salud para destinar más recursos presupuestales a atender la salud mental. Toca el turno al senado de la República de aprobarla para que tenga efecto.
Como dato curioso, la iniciativa fue presentada por la legisladora poblana Liliana Ortiz Pérez (PAN), desde mayo pasado para construir un sistema de salud mental accesible y efectivo.
El documento, aprobado y presentado al Senado para sus efectos constitucionales, consideró que los objetivos de salud mental deberán integrarse en las políticas y programas sectoriales pertinentes.
Precisó que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial con perspectiva de género, de derechos de niñas, niños y adolescentes y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.
También, contempló la planificación, el diseño y el desarrollo de una estrategia nacional e integral para detectar, atender y prevenir el suicidio con un enfoque de derechos, prestando especial atención a los grupos poblacionales en los que se haya detectado un mayor riesgo.
Como promovente, Ortiz Pérez estimó que hablar de salud mental es hablar de familias, hijas e hijos y jóvenes que hoy enfrentan una incertidumbre constante de madres que cargan con el dolor en silencio, de padres que no saben pedir ayuda y de miles de personas que aún sin decirlo están solicitando auxilio.
La salud mental no tiene partido, ideología ni color político, porque es un derecho humano que los une como sociedad, señaló.
Resaltó que a partir de esta reforma a la Ley General de Salud los objetivos de salud mental deberán integrarse en todos los programas y políticas del sector salud, pero también en educación, desarrollo social y trabajo
Agregó que los servicios deberán contar con enfoque en los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la estrategia nacional para detectar, atender y prevenir el suicidio deberá prestar especial atención a los grupos poblacionales en los que se haya detectado un mayor riesgo de suicidio.
México necesita una política que no solo reaccione sino prevenga y salve vidas, porque la salud mental se construye en la escuela, con docentes capacitados para detectar señales de alarma; en el trabajo, con ambientes laborales saludables, y en los hogares con familias que escuchan y acompañan, puntualizó la legisladora.
Afortunadamente y como parte de las políticas públicas del Gobierno de Puebla a cargo de Alejandro Armenta, este problema ha sido reconocido como tal y desde el mes de septiembre, la Presidente del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, reconoció el trabajo de quien dirige el Sistema DIF Estatal (SEDIF), Cecilia
Arellano al inaugurar el Centro Estatal Poblano de Salud Mental Integral Para Niñas, Niños y Adolescentes (CEPOSAMI) en Casa Puebla, antigua residencia de Gobernadores.
Se invirtieron 44 millones de pesos y se estimó que beneficie a 1 millón 542 mil 232 personas. La obra se realizó entre el 25 de febrero de 2025 al 06 de septiembre y se intervinieron 2 mil 671 metros cuadrados.
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
