Piden al Congreso ejecutar procesos profundos de sensibilización a sus legisladores
En su pronunciamiento DGDDH/013/2026, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó de lamentables las expresiones vertidas por dos diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, contra las personas adultas mayores.
La CNDH determinó que ello constituye una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas.
“Se hace un exhorto al Congreso del estado de Puebla para que implemente códigos éticos rigurosos que impidan el uso de discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en cualquier plataforma pública o digital” ya que las personas mayores merecen respeto, protección y la máxima garantía de sus derechos; la violencia verbal y la discriminación no pueden tener cabida en nuestra sociedad.
Las afirmaciones despectivas emitidas en su espacio digital, donde mofándose del envejecimiento señalaron que este sector de la población "huele a baúl" y "se está pudriendo”, rebasan los límites de la libertad de expresión para convertirse en discursos de odio y estigmatización.
“Dichas declaraciones no representan simples opiniones desafortunadas, sino una transgresión directa a las garantías legales que el Estado mexicano está obligado a proteger, constituyendo una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional que vulnera la dignidad de las personas mayores”.
La CNDH señala que quienes emitieron estos discursos son representantes populares integradas formalmente en el Poder Legislativo de Puebla, y que su cargo les impone un estándar ético y legal superior que las obliga a ser garantes de derechos, no agentes de su vulneración. Tal como lo ha externado la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, una simple retractación en redes sociales motivada por la presión política no repara el daño moral infligido. La discriminación arraigada en discursos públicos normaliza la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores en la sociedad.
Cualquier postura que pretenda validar estas conductas bajo la bandera del humor o el contexto informal resulta inaceptable en un Estado constitucional de derecho.
Por lo anterior, la CNDH considera urgente someter a dichas representantes, y a la legislatura en general, a procesos profundos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos.
