Legisladores de PAN y PRI exigen actuación gubernamental
La crisis a la que se enfrenta la administración de Lupita Bárcenas en Acatlán de Osorio, alcanzó al Congreso del Estado donde no se ha formalizado la solicitud de destitución de la morenista.
Por una parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que la denuncia realizada por la alcaldesa sobre presuntas amenazas de muerte atribuidas al grupo delictivo Los Rojos deberá ser investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el legislador dejó en claro que corresponde a las autoridades ministeriales esclarecer los hechos y determinar si dicho grupo mantiene presencia en la región.
Por otro lado, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, Delfina Pozos Vergara, mantuvo sus críticas contra el gobierno de Acatlán y rechazó modificar su postura, pese al llamado del gobernador Alejandro Armenta para que se informe mejor sobre la situación de inseguridad que enfrenta la región.
En entrevista, la legisladora aseguró que existe un problema de gobernabilidad en el municipio y responsabilizó a la alcaldesa Guadalupe Bárcenas de no haber logrado conducir adecuadamente la administración local.
A su vez, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Puebla, Marcos Castro, consideró que la prioridad de las autoridades debe ser atender los problemas de seguridad que vive el municipio y, posteriormente, definir el mecanismo para garantizar la gobernabilidad en caso de que la alcaldesa Guadalupe Bárcenas sea removida del cargo.
El legislador panista señaló que la situación en la demarcación es delicada, por lo que llamó a las autoridades estatales y municipales a enfocarse primero en brindar certeza y seguridad a la ciudadanía, antes de entrar al debate sobre quién asumiría el control del Ayuntamiento.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso de Puebla, Julio Huerta, quién consideró necesario que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal asuma el control de la seguridad en el municipio ya que la destitución del secretario de Seguridad Municipal fue legal, al ser aprobada por el Cabildo.
