Señala el caso del feminicida Manuel Forcelledo
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhortó de manera respetuosa al presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez, a informar sobre los procesos de depuración que actualmente se realizan al interior del Poder Judicial, incluyendo el procedimiento iniciado contra el juez Enrique Romero Razo, señalado por presuntas irregularidades en su actuación.
El mandatario estatal indicó que, hasta donde tiene conocimiento, existe un procedimiento en curso contra el juzgador, luego de que modificara las medidas cautelares para permitir que Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, obtuviera el beneficio de prisión domiciliaria.
Alejandro Armenta subrayó que tanto jueces como magistrados deben honrar la responsabilidad que tienen frente a la ciudadanía, al igual que ocurre con los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Los poderes públicos tenemos que cumplir la ley”, enfatizó el gobernador, al señalar que ningún servidor público está por encima de las normas y que todos deben actuar con apego a la legalidad.
El titular del Ejecutivo explicó que, cuando dentro de su administración se detectan irregularidades, intervienen órganos fiscalizadores como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Asimismo, recordó que la Auditoría Superior de la Federación y las instancias anticorrupción tienen facultades para supervisar el desempeño de los poderes públicos, incluido el Judicial, mientras que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de vigilar la actuación de jueces y magistrados.
Armenta añadió que el próximo año dicho esquema se homologará con el modelo federal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión y control dentro del Poder Judicial.
Finalmente, hizo un llamado a secretarios, funcionarios y colaboradores de su gabinete a cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al advertir que “la ignorancia de la ley no exime de responsabilidades”.
