Ecosistema Digital escribe Carlos Miguel Ramos Linares
El anuncio de que México abrirá una discusión nacional, una más; sobre inteligencia artificial, redes sociales y uso de celulares en escuelas parece necesario. La aceleración tecnológica ya no permite gobernar con intuiciones: los algoritmos median la información pública, la infancia se socializa entre pantallas y la IA desplaza límites entre creación, fraude, vigilancia y automatización. Según medios, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó revisar experiencias internacionales, consultar a madres, padres y docentes, restringir celulares en la jornada escolar y construir una legislación específica sobre inteligencia artificial, hoy inexistente en el país.
El problema no está en discutir la regulación, sino en el tipo de Estado que regulará. Si la política digital se formula sólo desde la seguridad, la niñez o la eficiencia administrativa, corre el riesgo de convertir derechos en permisos revocables. Regular la IA y las redes sociales exige reconocer asimetrías de poder: las plataformas extraen datos y diseñan hábitos; pero la historia también nos ha enseñado que el Estado puede acumular información, cruzar bases de datos y ampliar su vigilancia bajo la promesa de protegernos.
En ese sentido, es importante apelar a un ejemplo próximo: la discusión sobre el registro de líneas telefónicas. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha advertido hasta el cansancio que el registro obligatorio, vinculado a la CURP, fue impulsado contra extorsión o secuestro virtual; sin embargo, cita a la GSMA para señalar que no existe evidencia de que estos padrones reduzcan dichos delitos. También advierte efectos contraproducentes: robo de celulares, clonación de SIM, contrabando y evasión mediante servicios de voz sobre IP. Como podemos observar, una política puede parecer razonable y, al mismo tiempo; ser débil en evidencia, desproporcionada en riesgos y peligrosa en consecuencias.
La pregunta central no es si queremos orden digital, es conocer quién vigila al vigilante. R3D ha documentado antecedentes de uso de tecnologías de Cellebrite en México: la SEDENA adquirió dispositivos UFED entre 2018 y 2023 por más de 20 millones de pesos, reconoció haberlos usado 116 veces y admitió no haber solicitado autorización judicial ni una sola ocasión. En ese marco, la frase atribuida a R3D adquiere densidad política: cuando las autoridades pueden acceder a la información de nuestros teléfonos sin supervisión, la privacidad no es un derecho, es una concesión.
Una regulación democrática de IA y redes sociales tendría que partir de principios claros: legalidad estricta, necesidad, proporcionalidad, minimización de datos, auditorías independientes, transparencia algorítmica, control judicial y reparación ante abusos. No basta con prohibir celulares en escuelas ni con nombrar los riesgos de la IA. Hace falta discutir alfabetización mediática (multi-alfabetización), diseño adictivo, responsabilidad de plataformas y límites del poder público.
México necesita regulación digital, sí; pero no cualquier regulación. Una ley que proteja debe limitar tanto a las empresas como al Estado. De lo contrario, la inteligencia artificial, los padrones telefónicos y las herramientas forenses terminarán formando una misma arquitectura: la de una ciudadanía identificable y rastreable. En democracia, la tecnología no debe servir para domesticar derechos, sino para garantizar libertades. Porque una sociedad conectada no es necesariamente una sociedad libre; sólo lo será si la seguridad no se impone sobre la privacidad, si la innovación no cancela la autonomía y si el Estado entiende que las libertades digitales no son concesiones del poder, más bien condiciones mínimas de la vida democrática.
