Señalan quejas por falta de atención oportuna a fugas
Las fallas en el suministro de agua, las deficiencias en su calidad y la falta de atención oportuna a las fugas serán algunos de los temas centrales que el Congreso de Puebla revisará durante la evaluación del desempeño de Agua de Puebla y el SOAPAP.
Así lo manifestó la diputada Guadalupe Vargas Vargas, quien advirtió que los legisladores no serán omisos ante las irregularidades que se han señalado en la operación de la empresa concesionaria y exigirán cuentas sobre el cumplimiento de sus compromisos.
La legisladora explicó que existen inconsistencias entre la información presentada por Agua de Puebla y los registros del sistema operador. Incluso, reveló que un día antes de la comparecencia recibieron una fe de erratas con modificaciones a las cifras entregadas por la empresa.
Entre los puntos que generan preocupación se encuentra el compromiso de garantizar el suministro de agua al menos cuatro días por semana, además de los estándares de calidad del líquido y la atención de reportes ciudadanos por fugas.
También mencionó que se dará seguimiento a las acciones de saneamiento del río Atoyac, particularmente a los trabajos de coordinación entre el SOAPAP y los municipios de la zona metropolitana para regular las descargas de aguas residuales.
Vargas Vargas recordó que la empresa ya recibió una sanción de poco más de dos millones de pesos correspondiente a 2024; sin embargo, señaló que durante esta comparecencia se revisará si existen nuevos incumplimientos y qué penalizaciones deberán aplicarse.
Agregó que, con las modificaciones realizadas al convenio de concesión, el SOAPAP cuenta con mayores facultades para imponer sanciones claras y específicas. Bajo este escenario, Agua de Puebla podría hacerse acreedora a una multa de hasta 12 millones de pesos.
La diputada sostuvo que la revisión no debe limitarse a las cifras administrativas, sino que debe considerar los beneficios y las afectaciones que recibe la población, pues la calidad del servicio de agua potable es una obligación que debe garantizarse a las y los poblanos.
