Recordaron 5 años del enfrentamiento con la autoridad estatal a las afueras de Casa Aguayo
Este sábado, un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles de Ávila Castillo se manifestó en las calles de la capital del estado, a 5 años del enfrentamiento que hubo a las afueras de Casa Aguayo.
Además de las normalistas, estuvieron presentes estudiantes de la Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala, quienes repudiaron lo sucedido aquel 1 de junio de 2021.
Aquel día, recordaron durante la marcha, se manifestaban al exterior de la Casa Aguayo, exigiendo mejoras para la Normal Rural, respeto a la organización estudiantil y el cumplimiento de acuerdos plasmados en minutas firmadas desde el 2019.
“La respuesta del entonces Gobernador, Miguel Barbosa, fue la detención arbitraria de 32 alumnas de Teteles junto con 9 estudiantes de las Normales Rurales de Ayotzinapa, Guerrero, Amilcingo, Morelos y Tiripetio, Michoacán, así como 2 choferes. Algunos normalistas fueron víctimas de tratos crueles, violencia sexual, física y robo de pertenencias, perpetrados por elementos de la Policía Estatal”.
Agregaron que estas violaciones a los derechos humanos quedaron comprobadas en la Recomendación 161/2022, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en la carpeta de investigación 000661/2021, integrada por la Fiscalía del Estado de Puebla, contra los servidores públicos.
“A 5 años de la represión del 1 de junio de 2021, el Gobierno de Puebla continúa la política de criminalización y represión contra nosotras. Muestra de ello, es lo ocurrido el 2 de septiembre de 2025, cuando elementos de la Policía municipal, estatal y el Ejército Mexicano, privaron de su libertad a 140 normalistas rurales en las inmediaciones de la Casa Aguayo, quienes fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza”.
Por lo anterior, demandaron cumplimiento de la Recomendación 161/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Así como la reapertura de la carpeta de investigación 000661/2021, integrada por la Fiscalía, contra los funcionarios y policías que participaron en la represión.
