Acusan que 85% de los casos favorece a madres; padres denuncian violencia familiar institucional
En el estado de Puebla, los juicios familiares dominan la carga del sistema judicial: entre el 60 y 70% de los asuntos que ingresan a los juzgados civiles corresponden a esta materia. En ese contexto, cifras del Poder Judicial y del INEGI evidencian una marcada tendencia en las resoluciones: más del 85% de las custodias son otorgadas a las madres, mientras que la custodia compartida apenas alcanza el 12% de las sentencias definitivas.
Y es que ante este panorama, las alertas se han encendido entre miembros de colectivos de padres de familia, quienes recientemente se sumaron al movimiento nacional “Soy papá, no criminal”, denunciando lo que consideran un trato desigual en los procesos judiciales, así como obstáculos sistemáticos para convivir con sus hijos.
Los padres poblanos señalan que la restricción injustificada del acceso a los menores no sólo vulnera los derechos de los progenitores, sino que también afecta directamente a niñas y niños, quienes afirman, se convierten en víctimas silenciosas de conflictos legales prolongados.
Mencionaron que según especialistas en psicología, han advertido que la ausencia forzada de uno de los padres puede generar consecuencias profundas en el desarrollo infantil, como ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas en la construcción de identidad y sentimientos de abandono o culpa. En casos extremos, se presenta el llamado síndrome de alienación parental, donde el menor es influenciado para rechazar al progenitor ausente.
Aunque el artículo 635 y 636 del Código Civil del Estado de Puebla establece el derecho de los menores a convivir con ambos padres, en la práctica su cumplimiento enfrenta diversas barreras. Una de las instituciones señaladas es el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM), donde padres afectados denuncian retrasos en la emisión de reportes, falta de seguimiento puntual y evaluaciones técnicas que no reflejan la realidad de los vínculos afectivos.
Además, acusan que no existe una adecuada capacitación para detectar casos de manipulación parental, lo que permite que conductas de obstrucción de convivencia se mantengan sin consecuencias legales efectivas. De acuerdo con los testimonios, la manipulación de los hijos está presente en uno de cada cuatro juicios de alta conflictividad.
Si bien la legislación poblana contempla sanciones que van desde multas hasta la modificación de la custodia en casos de impedimento injustificado de convivencia, los procesos periciales para acreditar estas conductas suelen ser largos y complejos, lo que retrasa la impartición de justicia.
Ante este escenario, este grupo de padres poblanos hacen un llamado urgente a reformar el marco jurídico estatal para avanzar hacia una justicia familiar más equitativa. Proponen reconocer la violencia vicaria sin distinción de género y garantizar que tanto madres como padres sean protegidos en igualdad de condiciones.
Coinciden en que el centro de cualquier resolución debe ser el interés superior de la niñez, evitando que los menores sean utilizados como instrumento de conflicto entre adultos.
“La justicia familiar debe ser, ante todo, justicia para los hijos”, concluyeron.
