Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Es probable que los últimos conservadores en ser juzgados y fusilados en al paredón hayan sido Fernando Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, en el Cerro de las Campanas en Querétaro en junio de 1867.
El primero pretendió encabezar un fugaz imperio en México y los militares fueron férreos defensores de la corona que el noble europeo pretendió instaurar cuando el país vivía los estertores de la Guerra de Reforma que consolidó la independencia mexicana frente a las pretensiones injerencistas del exterior.
La cita debería ser obligada. No como una reliquia histórica, sino por la vigencia que cobra ese pasaje en el presente. Maximiliano, Miramón y Mejía se les juzgó por el delito que aún tiene validez en las leyes mexicanas: traición a la patria, que ya no se castiga con el paredón de fusilamiento, sino con cárcel y multa económica.
La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y su fiscal, un panista de cepa como su jefa, César Gustavo Jáuregui dieron luz verde a la operación de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos que perdieron la vida el pasado fin de semana.
El ruido mediático y político que se ha generado hasta el momento ha impedido ver un asunto de fondo: el artículo 123 del Código Penal Federal establece que se comete traición a la patria a quienes cometan actos contrarios a la soberanía, la independencia o la integridad de la nación.
Específicamente, se sanciona con cárcel de entre 5 a 40 años a quien haya sido juzgado y encontrado responsable de mantener relaciones de inteligencia con gobiernos extranjeros en tiempos de paz o guerra para dañar a México. La tipificación se extiende también a quien proporciones datos militares a un gobierno extranjero u oculte a espías en suelo mexicano.
En Chihuahua María Eugenia Campos y César Gustavo Jáuregui parecen encarnar a los conservadores Miramón y Mejía de hace 159 años, pese a la visión superficial y hasta complaciente del senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio que exhibió desconocimiento histórico y jurídico en este rubro.
Lo que llama la atención es la soledad con la que la presidenta Claudia Sheinbaum libra desde esta semana la batalla por la soberanía frente al rancio conservadurismo de una corriente política dispuesta a abrir las puertas, como ya lo hizo Campos en Chihuahua, para operaciones encubiertas de los agentes de un gobierno extranjero.
La ausencia de un voz con autoridad política y liberal es de un estruendo que ofende. Distraídos como están por la rebatinga electoral, nadie en la dirigencia de su partido, en las cámaras -Senado y Diputados-, los gobernadores han sido capaces de condenar una abierta acción que vulnera el principio de no intervención en México.
La puerta abierta que encontraron los agentes de la CIA en Chihuahua constituye una traición a las leyes que las autoridades de aquel estado protestaron proteger; decidieron permitir que agentes extranjeros realizaran operaciones a espaldas de la República y eso tiene un nombre y está tipificado en el Código Penal Federal.
¿Nadie se ha percatado de ello?
@FerMaldonadoMX
