Tras la comisión del delito, intentó huir e impactó otra unidad, dejando daños a sus tres ocupantes
La Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó la responsabilidad penal de Félix N. y/o José Félix N. en los delitos de robo de vehículo agravado, homicidio calificado en grado de tentativa, lesiones y daño en propiedad ajena, por lo que el Tribunal de Alzada determinó modificar las sanciones impuestas y declarar ejecutoriada la sentencia.
Los hechos se registraron la noche del 3 de octubre de 2024, en calles de la colonia Ampliación Antorchista, en la ciudad de Puebla. En ese punto, el sentenciado y otro individuo salieron al paso de un automóvil Chevrolet Beat modelo 2021, amagaron al conductor con un arma de fuego, lo obligaron a descender, lo agredieron a golpes y le dispararon en el rostro para posteriormente huir a bordo de la unidad.
Familiares de la víctima alertaron a elementos policiales que patrullaban la zona, quienes iniciaron la persecución del automotor sustraído con dirección al Camino a Azumiatla. Durante la evasión a exceso de velocidad, los ocupantes del Chevrolet Beat colisionaron de frente contra un vehículo Volkswagen Pointer modelo 2001, ocasionando daños materiales y afectaciones físicas a tres tripulantes, instante tras el cual los agentes aseguraron al conductor Félix N. y/o José Félix N.
La Fiscalía de Investigación Metropolitana sustentó la acusación mediante testimonios, valoraciones médicas y peritajes en materia de valuación de daños ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Las pruebas técnicas confirmaron las lesiones provocadas por impacto de proyectil de arma de fuego en el agraviado, así como los daños automotrices derivados de la persecución.
Al resolver el recurso de apelación, el Primer Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal reclasificó las lesiones y daños a título culposo y modificó la pena a 26 años y 6 meses de prisión, una multa de mil 31.25 Unidades de Medida y Actualización, la suspensión de derechos civiles y políticos, la negativa de conmutación de la sanción privativa de la libertad y el pago correspondiente a la reparación del daño.
La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene su labor ministerial y jurídica para investigar con apego a derecho los hechos delictivos que atenten contra la vida, la integridad física y el patrimonio en la entidad.