Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
No se hace un anuncio previo del tamaño de un incremento que repercutirá en el bolsillo de las clases populares si no existiese la intención de pulsar la reacción de los actores involucrados. Sobre todo, si para el partido en el poder trae consigo el pago de una alta factura en la víspera de un proceso electoral en 2027.
Por ello es indispensable plantear los desafíos que para el gobierno del estado significa estudiar la probabilidad de autorizar que los concesionarios del transporte público suban el costo del boletaje para la prestación de un servicio básico para quienes no tienen automóvil propio.
No debió ser fácil llegar a una conclusión como la que planteó la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte Público, Silvia Tanús Osorio la mañana de este lunes. La realidad alcanzaría tarde que temprano a ese sector, permanentemente puesto en el blanco de la crítica por las anomalías que ocurren en los cientos de derroteros cubiertos por las unidades de transporte público bajo la modalidad de concesión.
Se trata en todo caso de una secuela directa de un fenómeno internacional como el inicio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y sus aliados que orillaron al bloqueo del estrecho de Ormuz, un canal que históricamente ha registrado el paso de un tercio de los hidrocarburos que se consumen en el mundo.
El costo de un insumo básico para el transporte público como el diésel ha registrado incrementos desde el 28 de febrero a la fecha de hasta 50 por ciento a nivel mundial. La cadena de consecuencias que ese fenómeno ha propiciado se expresa en diversas actividades de la producción y Puebla no está colocada en una ínsula ajena a ese tipo de consecuencias.
Sólo una conflagración en oriente medio podría haber orillado en el territorio estatal a asumir el costo que otras administraciones han rehuido. Si acaso el último gobernador en verse forzado a autorizar un alza en el costo del pasaje fue Miguel Barbosa, el primer mandatario que emanó de Morena.
Fue en octubre de 2019 cuando se dio luz verde a ese incremento que fue 2.50 para quedar de la siguiente manera: el boleto de microbuses y autobuses pasó de seis pesos a ocho con cincuenta y las vans, combis o camionetas fue de 5 pesos con 50 centavos a ocho pesos. De ese incremento han transcurrido siete años.
La medida de autorizar el boletaje ha sido vista por todos los gobiernos como una suerte de tabú en las mesas de negociación con ese sector. No se puede olvidar que en el gobierno de Rafael Moreno Valle, entre 2011 y 2017, se mantuvo en los mismos márgenes.
Las causas eran elementales. Mas que obedecer a una lógica de mercado, fue la política la que se impuso: un aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional no podía permitirse la licencia de jugar con la estabilidad política que prendía de alfileres con un brote de transportistas o de usuarios por un incremento que resultaba inoportuno frente a las ambiciones políticas del inquilino de Casa Puebla.
En el colmo de esa decisión huidiza pretendió heredar esa “papa caliente” a su sucesor: Antonio Gali Fayad, con quien terminó distanciado dada la resistencia a cargar con esa decisión. Patear el bote se convirtió en una práctica que terminó con el arranque de la gestión de Morena.
Faltan 13 meses para el proceso electoral del que se deberán entregar resultados altamente satisfactorios. En política un instante puede ser una eternidad, o todo lo contrario. Autorizar un aumento al costo del servicio del que la mayoría de habitantes en el estado requiere será una determinación de alto riesgo político. Ya se verá.
@FerMaldonadoMX
