Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Hay algo profundamente incómodo en la manera en que la justicia se mueve en Puebla. No por su velocidad, sino por su selectividad. Es una historia muy vieja, pero vigente aún.
En apenas cuatro meses, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a Estela Romero y a Ramiro Rodríguez Maclub. Un trabajo exprés, quirúrgico, eficaz. Esa debería ser la norma en una institución encargada de procurar justicia. El problema no es que lo hayan hecho rápido. El problema es que no siempre sucede.
Mientras ese caso avanzó a toda prisa, existen expedientes rezagados desde antes de la llegada de Idamis Pastor Betancourt que se empolvan en los archiveros. Investigaciones sobre aviadores que cobraron en nóminas oficiales. La pregunta es inevitable: ¿qué o quién activa realmente la acción de la FGE?
Suena irónico que cuando aparece un caso con potencial político, mediático o incluso económico, la maquinaria institucional funcione con precisión milimétrica. Como si de pronto hubiera incentivos distintos a la justicia.
Y el contraste reciente no podría ser más evidente.
El sábado fue detenido “El Bukanas”, un líder huachicolero que llevaba años prófugo. Un personaje ampliamente señalado, presuntamente protegido por redes de halconeo desde corporaciones municipales e incluso estatales. Su captura ocurrió en un contexto que, por sí solo, daría para otra historia: camino a un evento social vinculado con otros perfiles de dudosa reputación.
Pero lo relevante no es solo la detención, sino cómo se ejecutó.
El operativo fue discreto para capturar al capo del crimen organizado. Casi silencioso. Cuidado y sin estridencias.
En cambio, para detener a una mujer de edad avanzada y a un notario de la tercera edad —acusados de fraude, un delito que ni siquiera amerita prisión preventiva oficiosa— se desplegó un operativo desproporcionado, mediático, casi teatral.
Y la ironía terminó de consumarse días después: ambos fueron vinculados a proceso, sí, pero bajo arraigo domiciliario.
Entonces, ¿qué justifica el espectáculo?
¿El perfil del delito? Claramente no.
¿El riesgo social? Tampoco.
¿El interés público? Cuestionable.
Aparece un elemento adicional: en los pasillos políticos se comenta que el operativo en Tehuacán no fue ajeno a intereses específicos, particularmente al involucramiento de la dirigenta estatal de Morena en Puebla -Olga Romero Garci Crespo- cuya presidenta tendría un interés personal en ese asunto.
Si esto es cierto —y es algo que debe aclararse— entonces la línea entre justicia y consigna se vuelve peligrosamente delgada.
Quizá la respuesta esté en otro lado. En lo que representan. O en lo que conviene que representen.
Más aún cuando los datos duros comienzan a dibujar un patrón preocupante.
Durante 2024, bajo la gestión de Gilberto Higuera Bernal, se registraron 248 vinculaciones a proceso: un promedio de 12 por semana. Para 2025, ya conIdamis Pastor Betancourt al frente, la cifra cayó a 61 en todo el año. Apenas una por semana.
La vinculación a proceso no es un trámite menor. Es el resultado directo del trabajo del Ministerio Público. Es, en términos simples, la prueba de que la Fiscalía está haciendo su trabajo lo suficientemente bien como para convencer a un juez de que hay elementos para continuar un proceso penal.
Si ese indicador cae de manera tan drástica, no es un dato aislado. Es un síntoma.
Y en ese contexto, los operativos espectaculares comienzan a parecer más una estrategia de control narrativo que de procuración de justicia.
El caso de “El Bukanas” podría interpretarse como un golpe importante. Pero también como un movimiento oportuno. Un reflector que se enciende justo cuando el ruido de Tehuacán comenzaba a volverse insostenible.
¿Acción de justicia, o control de daños?
Cuando la ley se aplica de manera desigual, deja de ser justicia y se convierte en instrumento. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es a quién detienen… sino a quién deciden no tocar.
En Puebla, la justicia no es ciega.
Es selectiva.
@FerMAldonadoMX
