Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
Sofía, la joven poblana se encontraba en su recámara en pijama una noche de verano de 2022 cuando su marido ingresó a la alcoba y le advirtió que debía tener relaciones sexuales. Era Juan Pablo N., y eran casi las 23:30 de la noche en uno de los apartamentos en un desarrollo de alta plusvalía de apartamentos y suites en La Vista Towers. Nada importó la negativa de la mujer porque nada pudo frente al ataque de su marido.
El episodio del presunto ataque habría sido uno más de los eslabones de una larga cadena de vejaciones, insultos y maltrato psicológico, como sucede en la mayoría de relaciones asimétricas: ella más joven y físicamente vulnerable frente a su pareja, más alto, robusto, con poder económico y político al alcance, viniendo de una poderosa familia que ha construido en los negocios y en relaciones con el poder público.
Aquella noche rompió con fuerza la ropa de dormir y la obligó a tener intimidad. Es una de las argumentaciones que dio origen a la acusación formal ante la Fiscalía General del Estado y que dio como resultado la detención de quien hasta 2021 había sido diputado por el Partido Verde Ecologista de México, partido que dirigió a nivel estatal y que, de acuerdo con Jimmy Natale, dejó un saldo deficitario de más de 21 millones de pesos.
Se cumple una semana de la aprehensión de Juan Pablo N., acusado del delito de violación entre cónyuges, una acusación que aguardó entre los archiveros de la Fiscalía General del Estado desde el año 2022, hace casi cuatro años, aun tratándose de un delito que según la última reforma al Código Penal, se persigue de oficio merced de una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eliminó la figura de “débito conyugal” mediante el cual la pareja estaba obligado a tener actos sexuales con su pareja.
Las relaciones que la familia Kuri tiene con amplios círculos empresariales y políticos es pública. El padre del imputado fue nombrado delegado del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda (Infonavit) en el año 2016, en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y dejó esa responsabilidad en 2023, un año después de que se habría producido la escena de violencia en La Vista Towers.
El ejercicio de la acción penal en si mismo constituye una señal inequívoca del momento que en materia de impartición de justicia vive nuestro país, y especialmente el estado de Puebla. Es difícil imaginar a una persona que resulte ajena al modelo que se instauró desde que Rafael Moreno Valle llegó al poder para utilizar el aparato para el cobro de venganzas políticas, en desdoro de la carrera de jueces y magistrados. La justicia al servicio del poder económico o político era la constante.
Caso emblemático, el juez que se prestó al despojo de un terreno entregado a Ricardo Henaine Mezher, Jared Albino Soriano que luego fue ascendido a una magistratura que recién debió dejar por jubilación, sin vítores, aplausos o debelaciones de placas en su memoria, por la puerta de atrás, cargado de rencor, frustración y un enorme desprestigio.
El expediente de Juan Pablo N., como ocurrió con el del feminicida, Javier López Zavala, el ex candidato del PRI al Gobierno del estado condenado a purgar 60 años de prisión son dos señales bastante evidentes de que el periodo en el los intocables, dueños de fama, relaciones y dinero, también pueden ser llevados a tribunales para enfrentar respectivos juicios, sin distingo de sus estirpes, luces u oscuridades.
@FerMaldonadoMX
