Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Las instituciones encargadas de impartir justicia deberían ser capaces de resistir presiones políticas, intereses privados* y cañonazos de dinero. Su obligación es actuar con independencia, objetividad y estricto apego a derecho.
En Puebla, sin embargo, la independencia judicial ha permanecido bajo sospecha. Cambian los gobiernos, los magistrados y los consejeros, pero persiste la impresión de que algunos expedientes avanzan, se detienen o cambian de dirección dependiendo del interés que toque la puerta.
Ahora las miradas apuntan hacia Tehuacán.
Pedro Antonio Martínez, Enrique Siliceo, Guillermo Valdez, Venustiano Islas, Iván Cruz y César
Bermúdez aparecen mencionados alrededor de una serie de actuaciones que tendrían consecuencias sobre propiedades, cuentas y operaciones relacionadas con el Grupo Socorro Romero Sánchez.
La pregunta ya no es solamente jurídica: ¿quién dio la línea?
El conflicto por la herencia de Socorro Romero lleva más de una década contaminado por intereses económicos y políticos. En uno de sus extremos aparece Olga Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, quien mantiene una disputa personal alrededor de ese patrimonio.
Lo verdaderamente delicado no es que Olga litigue. Está en su derecho de acudir a los tribunales. Lo inadmisible sería que su posición política le permitiera obtener dentro del Poder Judicial un trato que ninguna otra persona recibiría.
En distintos espacios judiciales se habla de "línea". También circulan versiones sobre presiones, investigaciones dirigidas y actuaciones tendenciosas contra bienes y recursos vinculados con el consorcio. Si esas versiones son falsas, los funcionarios señalados deberían desmentirlas y transparentar el sustento jurídico de sus decisiones. Si son ciertas, el problema resulta mucho más grave de lo que parece.
Porque detrás del expediente no solamente existe una disputa familiar. Está en juego una estructura productiva de la que dependerían aproximadamente ocho mil empleos directos y entre cuatro y cinco mil indirectos en la región de Tehuacán.
No se trata de proteger a una empresa por encima de la ley. Se trata de evitar que la justicia sea utilizada para doblegarla, intervenirla o ponerla al servicio de intereses personales. La aplicación de la ley no puede convertirse en un instrumento de presión política.
Puebla atraviesa además un momento económico especialmente sensible. La situación de Volkswagen obliga al gobierno estatal y a las instituciones judiciales a privilegiar la certeza jurídica, la inversión y la conservación del empleo. Abrir otro frente que pueda golpear la economía de Tehuacán sería una irresponsabilidad institucional y un error político de dimensiones mayúsculas.
Mucho más grave sería que determinados funcionarios pretendieran justificar sus actos asegurando que hablan o actúan en nombre del gobernador Alejandro Armenta.
Si realmente existe una instrucción, alguien tendrá que asumirla. Si no existe, el Gobierno del Estado debería deslindarse y frenar a quienes utilizan su nombre para intervenir en un conflicto entre particulares.
Olga Romero podrá continuar peleando la herencia durante los años que considere necesarios. Lo que no puede permitirse es que su litigio enferme al Poder Judicial ni contagie a miles de familias que viven del trabajo generado en la región.
La justicia poblana comienza a estornudar.
Y en Tehuacán ya preguntan quién soltó el virus.
@FerMaldonadoMX
