Desde las antípodas escribe José Ojeda Bustamante
A finales de 2025, la conversación pública sobre los municipios mexicanos pareció más tranquila de lo que la realidad permite.
Sin embargo, más allá de la hoja de cálculo, el territorio cuenta una historia distinta. A lo largo del año, se han acumulado señales de desgaste municipal: servicios básicos con interrupciones constantes, drenajes saturados, luminarias inservibles, fallas recurrentes en los sistemas de agua, incrementos en la inseguridad cotidiana y gobiernos locales que operan, en los hechos, con capacidades reducidas y presupuestos rígidos. No estamos frente a una crisis de deuda, sino frente a una crisis de capacidades institucionales que impacta directamente en el bienestar de millones de personas.
Las Estadísticas de Finanzas Públicas Estatales y Municipales del INEGI confirman esta vulnerabilidad estructural. En buena parte de los estados, más del 80 por ciento de los ingresos municipales provienen de participaciones y aportaciones federales. La recaudación propia es baja, en algunos casos simbólica, y la autonomía financiera prácticamente inexistente.
El municipio mexicano se ha convertido así en el eslabón más débil del federalismo: disciplinado en lo contable, pero frágil en lo operativo.
En este contexto, la experiencia reciente en Acapulco aporta una lección clave sobre lo que sucede cuando el Estado local se ve rebasado por las circunstancias. A partir de un proceso de diagnóstico participativo que incluyó encuestas a 400 habitantes, talleres de formación ciudadana y ejercicios de gobernanza colaborativa, se constató lo que muchas ciudades del país viven hoy: una desconexión entre las demandas básicas de la población y la capacidad del municipio para atenderlas.
Más del 88 por ciento de las personas encuestadas percibió deficiencias graves en los servicios públicos. La evaluación del desempeño gubernamental fue predominantemente negativa y las prioridades señaladas —alumbrado, recolección de basura, agua potable y mantenimiento urbano— evidenciaron una agenda mínima sin resolver.
El punto de inflexión fue el proceso mismo: la ciudadanía dejó de ser únicamente informante para convertirse en actor de gestión. A través de talleres de refacultamiento ciudadano y espacios de deliberación, las comunidades comenzaron a articular demandas, priorizar acciones y establecer canales de incidencia real ante las autoridades locales.
La experiencia no sustituyó al gobierno, pero sí mostró que una ciudadanía organizada puede ampliar la capacidad municipal y generar cambios medibles, incluso en contextos adversos. Acapulco no fue un caso aislado; fue un adelanto de lo que cada vez más municipios enfrentarán si la capacidad institucional continúa en tensión.
El país atraviesa una nueva etapa del federalismo fiscal. La federación sigue siendo la principal fuente de financiamiento para estados y municipios, pero la presión sobre las finanzas nacionales —y la complejidad creciente de las demandas sociales— limitan la posibilidad de expandir esa transferencia sin condiciones.
Esta situación presenta un dilema estratégico:
- Municipios con alta dependencia vertical,
- Creciente presión de servicios,
- Baja recaudación propia,
- Y ciudadanía cada vez más demandante.
La administración pública puede mantener finanzas ordenadas, pero sin ciudadanía refacultada y sin actores territoriales articulados, la capacidad de respuesta seguirá siendo insuficiente.
Las experiencias más sólidas de los últimos años apuntan hacia un modelo distinto: una gobernanza colaborativa que complemente la acción municipal y que dé a las comunidades herramientas para incidir en la toma de decisiones. Esto no reemplaza al Ayuntamiento ni relativiza su papel; lo fortalece.
Tres líneas estratégicas emergen como indispensables:
1. Infraestructura cívica y mecanismos participativos reales
La participación ciudadana debe pasar de lo declarativo a lo vinculante. Mesas vecinales permanentes, comités de seguimiento, diagnóstico comunitario, presupuestos participativos y evaluaciones ciudadanas de servicios públicos son herramientas que amplían la capacidad del gobierno y transparentan sus procesos.
2. Universidades y centros de investigación como articuladores territoriales
Las instituciones académicas pueden ser intermediarias legítimas entre ciudadanía y gobierno, aportando metodologías, formación y continuidad más allá de los ciclos electorales. Su incorporación formal en los procesos municipales permitiría consolidar prácticas de gobernanza asociativa.
3. Finanzas para el territorio, no solo para la deuda
La disciplina financiera ha sido necesaria, pero es insuficiente. Parte de las transferencias federales podría condicionarse no solo al cumplimiento contable, sino a la adopción de mecanismos de planeación participativa, transparencia y fortalecimiento comunitario.
México enfrenta un periodo en el que la estabilidad nacional dependerá cada vez más de la fortaleza del municipio. La vida pública se juega en la colonia, en el barrio, en la comunidad: ahí donde las personas experimentan diariamente al Estado. Un municipio que no garantiza agua, iluminación, seguridad o servicios básicos genera frustración social, vulnerabilidad y pérdida de confianza institucional.
El reto para 2026 será asumir que el fortalecimiento municipal no es un asunto local, sino una prioridad nacional.
@ojedapepe
