Responsabiliza Congreso al PAN de afectaciones a miles de poblanas y poblanos
El presidente de la JUGOCOPO, Pável Gaspar Ramírez, responsabilizó a la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle de haber permitido la privatización del servicio de agua potable en Puebla y de dar origen a un modelo que, aseguró, hoy perjudica a miles de usuarios.
El legislador afirmó que la creación de la concesión a favor de la empresa Agua de Puebla, a través de Concesiones Integrales, fue parte de una estrategia para transferir un servicio público a manos privadas, luego de debilitar financieramente al entonces Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
Sostuvo que la concesión otorgada por 30 años convirtió el acceso al agua en un negocio, lo que, dijo, ha derivado en cobros excesivos, incrementos constantes en las tarifas y un servicio deficiente que mantiene inconformes a habitantes de la capital y municipios conurbados.
Gaspar Ramírez aseguró que, más de una década después de la concesión, persisten los tandeos de agua, los problemas de abastecimiento y los cobros por conceptos como el saneamiento, pese a que, afirmó, no existen resultados visibles en la recuperación del río Atoyac.
En su posicionamiento, acusó a los gobiernos del pasado de privilegiar intereses particulares por encima del derecho de la población al agua y sostuvo que ese esquema forma parte de una serie de proyectos impulsados durante el morenovallismo que, afirmó, beneficiaron a empresas privadas mediante contratos de largo plazo.
El diputado también señaló que las críticas contra el actual gobierno obedecen a que se han afectado intereses económicos y políticos vinculados con ese modelo de concesiones. Afirmó que la administración estatal buscará terminar con lo que calificó como un "saqueo" y revisar las condiciones bajo las que opera la empresa.
Finalmente, reiteró que el acceso al agua debe garantizarse como un derecho y no como un negocio, al tiempo que sostuvo que el gobierno mantendrá acciones para enfrentar las irregularidades que, desde su perspectiva, persisten en la prestación del servicio.
