Avala acuerdo entre el Instituto Electoral del Estado y las Fiscalías
La diputada por el PRI, Delfina Pozos Vergara, manifestó su respaldo a la propuesta impulsada por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para reforzar la revisión de perfiles que busquen contender en las elecciones de 2027 y evitar la participación de personas vinculadas con actividades delictivas.
La legisladora señaló que su partido apuesta por la transparencia en los procesos electorales y consideró que cualquier aspirante a un cargo de elección popular debe cumplir con los requisitos legales y mantener un historial libre de conductas delictivas.
No obstante, advirtió que este tipo de mecanismos deben aplicarse con imparcialidad y sin fines políticos.
“Quien quiera participar debe no tener actos delictivos y por supuesto yo no veo problema, siempre y cuando no se utilicen las instituciones como garrotes políticos o para otros fines”, expresó.
Al ser cuestionada sobre la capacidad de las autoridades electorales y las fiscalías para actuar en caso de detectar irregularidades en el historial de algún aspirante, Pozos Vergara criticó que en ocasiones los órganos electorales, particularmente el Instituto Electoral del Estado, han sido omisos al no tomar las acciones que les corresponden cuando se presentan perfiles con antecedentes cuestionables.
La diputada sostuvo que el objetivo debe ser fortalecer a las instituciones y garantizar que no sean utilizadas para beneficiar o perjudicar a determinados actores políticos durante el proceso electoral.
Asimismo, lanzó críticas contra Morena al señalar que existe el riesgo de que este tipo de herramientas puedan ser utilizadas con fines partidistas para presionar o excluir a candidatos con posibilidades reales de competir.
Las declaraciones surgen luego de que la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Christian Mariana Ceballos, anunciara una propuesta de reforma electoral para endurecer los mecanismos de selección de candidaturas rumbo a los comicios de 2027.
La iniciativa contempla la firma de convenios de colaboración entre el IEE, la Fiscalía General del Estado de Puebla y otras instituciones de procuración de justicia, con el propósito de verificar que los aspirantes a cargos de elección popular no cuenten con antecedentes penales ni vínculos con la delincuencia organizada.
