Analizan iniciativa contra candidaturas ligadas con el crimen organizado rumbo a 2027
La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Christian Mariana Ceballos, informó que impulsará una reforma electoral para endurecer los mecanismos de selección de candidaturas y evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada participen en los comicios de 2027.
La propuesta contempla la firma de convenios de coordinación y colaboración con la Fiscalía General del Estado y otras instituciones de procuración de justicia, con el objetivo de que las autoridades electorales puedan acceder a información que permita verificar la integridad de quienes busquen contender por un cargo de elección popular.
La presidenta provisional explicó que, a nivel federal, se ha planteado que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda contar con una Comisión de Verificación de Integridad encargada de revisar que las candidaturas no mantengan vínculos con grupos delictivos ni reciban recursos de procedencia ilícita.
Recordó que actualmente la Constitución ya establece como causal de nulidad de una elección el uso de recursos ilícitos en campañas; sin embargo, la intención de esta reforma es ir más allá y prevenir desde el origen la participación de perfiles relacionados con actividades criminales.
Ceballos señaló que el IEE carece actualmente de facultades para solicitar o consultar información a las autoridades de procuración de justicia, por lo que resulta indispensable una modificación legal que le permita realizar estas verificaciones de manera institucional.
Asimismo, precisó que la información relacionada con investigaciones o antecedentes penales se encuentra protegida por disposiciones de reserva y confidencialidad, lo que impide al organismo electoral acceder a ella sin un marco jurídico específico y sin los convenios correspondientes.
“Tenemos que buscar los convenios de coordinación y que el Instituto tenga la facultad, a través del Consejo General o de la Secretaría Ejecutiva, de solicitar esa información”, señaló.
Detalló que cualquier reforma en materia electoral deberá aprobarse al menos 90 días antes del inicio formal del proceso electoral 2027, previsto para noviembre de 2026. Por ello, el plazo límite para concretar estos cambios sería septiembre de ese mismo año, con el fin de que partidos políticos, aspirantes y actores electorales conozcan con anticipación las reglas que regirán la próxima contienda.
Está propuesta forma parte de la discusión nacional sobre el fortalecimiento de los controles de integridad en las candidaturas y el combate a la posible infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos.
