Ecosistema digital escribe Carlos Miguel Ramos Linares
Hay una ironía tan brutal como indignante: en Guadalajara, ciudadanos que salieron a exigir agua limpia terminaron recibiendo chorros de agua a presión de la policía. El líquido que el gobierno no consigue garantizar en los hogares apareció, paradójicamente, convertido en instrumento de represión.
Ocurrió el 11 de octubre, apenas unos días después de que México recordara una de las heridas más profundas de su historia: la matanza estudiantil de 1968. Cada 2 de octubre, la clase política se llena la boca condenando el autoritarismo, reivindicando las libertades y repitiendo que la represión nunca debe volver. Pero basta que una manifestación incomode al poder para que algunos gobernantes olviden sus discursos.
En Jalisco, el gobierno de Pablo Lemus enfrentó con antimotines una protesta por la mala calidad del agua. Hubo gases lacrimógenos, golpes, detenciones y denuncias de abusos. La autoridad argumentó la presencia de grupos violentos. Es cierto que también hubo agresiones contra policías y que el Estado tiene la obligación de preservar el orden público. Pero esa responsabilidad no constituye una licencia para castigar indiscriminadamente a quienes se manifiestan.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece principios de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La fuerza pública no es patrimonio personal del gobernante ni un mecanismo para administrar su incomodidad política. Su legitimidad depende de que proteja derechos, no de que imponga silencios.
Aquí aparece una distinción fundamental: una cosa es la facultad jurídica del Estado para intervenir ante conductas violentas y otra muy distinta es el poder fáctico que se ejerce cuando los uniformes, las armas y la intimidación sustituyen al diálogo. Lo primero exige límites; lo segundo revela los peligros del autoritarismo.
Lemus terminó reconociendo excesos policiales y detenciones injustas. Sin embargo, admitir errores no equivale a asumir plenamente las responsabilidades. La pregunta no es únicamente quién golpeó o quién dio una orden, sino qué condiciones permitieron que una demanda ciudadana terminara convertida en un operativo de represión.
Y es aquí donde octubre adquiere una dimensión política inevitable.
El 2 de octubre no es una consigna decorativa ni una fecha para discursos solemnes. Es un recordatorio de que el Estado puede convertirse en amenaza cuando confunde la crítica con el enemigo y la protesta con un desafío a su autoridad.
No se trata de equiparar Guadalajara con Tlatelolco. Las dimensiones históricas son distintas. Se trata de reconocer una advertencia que sigue vigente: ningún gobierno, independientemente de sus colores partidistas, está vacunado contra la tentación autoritaria.
Resulta cómodo condenar la represión del pasado cuando sus responsables ya no ocupan el poder. Lo verdaderamente difícil es impedirla cuando los cuestionamientos apuntan hacia el gobierno propio.
Porque los derechos humanos no pueden depender de simpatías políticas, ni la legitimidad de una protesta del partido que gobierna.
Octubre nos recuerda que la memoria histórica no se demuestra con discursos, sino con decisiones. Y mientras haya ciudadanos que reciban golpes por exigir agua limpia, la consigna seguirá siendo una deuda pendiente.
El 2 de octubre no se olvida. Lo preocupante es la facilidad con la que algunos gobernantes parecen olvidarlo.
