Se busca construir una ley estatal integral en la materia: Villegas
El diputado local Andrés Villegas Mendoza anunció que en el Congreso de Puebla se impulsarán trabajos legislativos para que toda muerte violenta de una mujer sea tipificada e investigada como feminicidio, en línea con la propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El legislador de Morena explicó que esta iniciativa retoma el exhorto hecho en octubre de 2024 por la mandataria federal a los Congresos estatales, con el objetivo de garantizar que todas las muertes violentas de mujeres en el país sean investigadas bajo el protocolo de feminicidio, incluso en casos que inicialmente pudieran parecer suicidios o accidentes.
Villegas Mendoza detalló que, desde el Congreso local, ya se trabaja en coordinación con organizaciones y colectivos para construir una ley estatal integral que contemple la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio, así como la atención y protección de las víctimas.
Entre los puntos clave de la propuesta, destacó el fortalecimiento del tipo penal de feminicidio mediante la incorporación de nuevas razones de género en el Código Penal, como motivos de honor, creencias, embarazo, autonomía económica, actividades estigmatizadas y violencia política.
Asimismo, se plantea establecer la obligatoriedad de realizar investigaciones con perspectiva de género y debida diligencia, con el fin de evitar reclasificaciones indebidas y combatir la impunidad. También se contemplan sanciones más estrictas, la prohibición de mecanismos alternativos en estos casos y medidas contra servidores públicos que incurran en omisiones.
La iniciativa incluye, además, la suspensión de la patria potestad desde la vinculación a proceso en casos relacionados, así como un enfoque centrado en las víctimas, que garantice el derecho a la verdad, la reparación integral del daño, medidas de protección, atención especializada y la no revictimización.
El diputado subrayó que se trata de un delito de alta relevancia que requiere un marco jurídico sólido y una coordinación institucional efectiva para asegurar justicia a las víctimas y sus familias en Puebla.
