Acusan estigmatización contra las y los adultos mayores en su podcast
El abogado Julio Santos Lozano presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, así como contra la conductora Nadia de la Rosa y Hilda Salvatori Bojalil, por los presuntos delitos de discriminación y violencia de género.
El abogado insistió en que dos de las señaladas son legisladoras y servidoras públicas, por lo que consideró todavía más grave que hayan realizado comentarios ofensivos y discriminatorios contra adultos mayores durante el podcast Descasadas.
Santos Lozano sostuvo que quienes ocupan un cargo público tienen una responsabilidad adicional frente a la sociedad y deben cuidar sus expresiones, especialmente cuando pueden afectar la dignidad de un sector de la población.
“Estas conductas deben ser castigadas más y cuando vienen de legisladoras”, afirmó el abogado, quien cuestionó además que, hasta ahora, no exista una disculpa pública que considere suficiente y sincera.
La querella se relaciona con un episodio transmitido en julio de 2026, en el que las participantes realizaron comentarios despectivos sobre hombres mayores de 45 años, haciendo referencia a su olor, apariencia física, edad y hasta con expresiones de contenido sexual.
Entre las frases señaladas se encuentran expresiones como que los hombres mayores “huelen a baúl” o que “ya se están pudriendo”, además de otros comentarios que, de acuerdo con el denunciante, ridiculizan y estigmatizan a las personas adultas mayores.
El abogado, quien tiene 62 años, señaló que se considera directamente afectado por estas expresiones y pidió a la Fiscalía reconocerlo como víctima dentro del procedimiento.
“Ellas ofendieron, estigmatizaron, discriminaron a un sector de la población que es muy importante. No les importó ridiculizar, lo hicieron de manera natural”, sostuvo.
Santos Lozano afirmó que los comentarios no deben tomarse simplemente como bromas o expresiones hechas en un programa de entretenimiento, pues podrían constituir actos de discriminación y violencia de género previstos en la legislación estatal.
El abogado quien también dijo ser defensor de derechos humanos insistió en que la condición de servidoras públicas de Salvatori y Palomares vuelve el caso especialmente relevante, pues consideró que las legisladoras deben ser ejemplo de respeto y no utilizar sus espacios para reproducir expresiones que vulneren la dignidad de otros ciudadanos.
“Estas legisladoras no han exhibido ninguna clase de arrepentimiento, actúan con cinismo y no hay una disculpa pública real. La sociedad se merece una conducta apropiada por parte de nuestras legisladoras”, señaló.
Finalmente, llamó a los adultos mayores que se hayan sentido ofendidos o afectados por los comentarios a presentar sus propias denuncias ante la Fiscalía para que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes.
