No es el único caso, porque hay más de 44 mil personas en prisión preventiva sin sentencia dictada
El coordinador de la Maestría en Derechos y Humanos y de la Clínica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, Simón Hernández León, afirmó que la defensa jurídica de Brenda Quevedo, tras 18 años sin que le fuera dictada sentencia, sumó a colectivos, clínicas y defensores de derechos humanos.
En entrevista para el programa “Destrozando la Noticia”, de Cadena IN, con el periodista Fernando Maldonado, indicó que la prisión sin sentencia quebranta la vida de las personas, les arrebata la posibilidad de vivir, sin ninguna oportunidad.
Cabe recordar que Brenda Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México en septiembre de 2009, acusada por su presunta participación en el secuestro y muerte de Hugo Enrique Wallace.
Refirió el académico de la universidad jesuita que pasó casi 18 años en prisión preventiva antes de obtener el cambio de medida cautelar por diversos recursos que la defensa de la familia Wallace interponía para evitar que saliera en libertad.
“Es increíble que pase esto en México, desde hace unos años, en la Constitución, por ciertos delitos, a la persona denunciada se le encarcela en lo que se investiga o inicia el juicio, lo que ha dado pie a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado; ya que la sola acusación de la Fiscalía en automático lleva a las personas a prisión”, indicó.
Otro problema, agregó, hay un segundo problema que es la prisión prolongada, a pesar de que la Constitución establece un plazo dos años para que las personas sean juzgadas, la propia Carta Magna establece que si ejercen el derecho de defensa, con amparos, este plazo se suspende.
“En el caso de Brenda, que es del sistema anterior, la sentencia no se ha podido dictar desde 2014 porque ya se agotó el proceso, pero hay una serie de recursos que se siguen presentando y que van alargando el proceso, donde no hay juicio, pero ella permanecía en prisión de manera indeterminada”, dijo.
A la pregunta de cómo está Brenda Quevedo, Hernández León señaló que está esperanzada y fortalecida con el cambio de medidas cautelares.
“En junio, que asumimos formalmente la defensa junto a colectivos de la CDMX y clínicas, como la del ITAM, tuvimos la oportunidad de hablar con ella en prisión domiciliaria, estaba agotada, aunque no estuviera en la cárcel, monitoreada con un brazalete y custodiada por la Guardia Nacional, le había generado un desgaste similar al de la pandemia con el encierro”, reveló.
Aclaró que aunque tuvo el cambio de medidas cautelares, no significa que sea una sentencia absolutoria, pues el proceso continúa, va a seguir vinculada al proceso, tienen que comparecer periódicamente, prohibición de acercarse a la víctima y salir del país.
“Es un caso de injusticia, nos lleva a percibir que la presunción de inocencia no es vista en ciertos casos, porque discrecionalmente, sobre todo en temas políticos, la justicia funciona de otra manera”, refirió.
Finalmente, informó que los colectivos que forman parte de la defensa, entre otros, son: Grupo de Acción y Justicia Social, CEA Justicia, Perteneces, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el colectivo de Abogados Digna Ochoa, así como la Clínica de Derecho del ITAM y la Clínica Minerva Calderón de la Ibero Puebla.
“Formamos un grupo de defensa que pudiera enfrentar el proceso penal, el tema internacional, pero no es el único caso, hay por lo menos 44 mil personas hoy en prisión preventiva oficiosa sin sentencia, inocentes, buena parte son mujeres”, concluyó.
