Códigos de Guerra escribe Fernando Jiménez
“Las narrativas invisibles detrás del poder político”
Bajo el prometedor paraguas de proteger los "derechos de las audiencias", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta una consulta pública que ha encendido las alarmas en el ecosistema mediático nacional. El mismo nombre de la iniciativa genera todo tipo de dudas y suspicacias, pues en la práctica la normativa parece apuntar no a la defensa de una prerrogativa ciudadana, sino a un directo ataque a la libertad de expresión. El dato de PulsoGob revela que el debate alcanza picos de cientos de menciones diarias con un sentimiento predominantemente crítico en redes sociales como X, donde la etiqueta #LeyCensura domina la conversación frente a la postura oficial.
Es verdad que el proyecto contiene aspectos positivos indispensables para los usuarios de medios masivos, tales como la lucha contra la publicidad engañosa, la erradicación del contenido patrocinado sin transparentar y la creación de vías formales de queja para el público. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la regulación busca garantizar el acceso a información veraz y proteger a la ciudadanía de la desinformación sin caer en esquemas de censura previa. No obstante, las métricas reflejan que la conversación digital está dominada en más de un 70% por voces de indignación y alerta —provenientes de periodistas, activistas de la libertad de expresión y la oposición—, dejando en evidencia que el problema de fondo no es proteger al espectador, sino la asimetría con la que el poder pretende fiscalizar la verdad.
Si la premisa es garantizar información imparcial, resulta un contrasentido exigir rigor normativo a los medios mientras el Ejecutivo mantiene un espacio de difusión diario con reglas propias plantea un evidente conflicto donde el Estado aspira a ser juez y parte. Para un proyecto político que ha enfrentado severas críticas por tentaciones autoritarias, regular las fronteras de la opinión periodística parece confirmar las sospechas sobre un intento por acotar el debate público.
En la esfera digital, la ironía del público ha comenzado a etiquetar publicaciones con advertencias sarcásticas para burlarse de la imposición de clasificar noticias contra opiniones. Sin embargo, más allá del humor en redes, esquemas regulatorios similares en otras latitudes han terminado convirtiéndose en herramientas de control sobre la conversación pública, derivando en mecanismos de autocensura por el temor a multas que podrían alcanzar el 1% de los ingresos de las concesionarias. Los medios de comunicación, incluso aquellos alineados ideológicamente con el régimen, requieren garantías absolutas para cuestionar e investigar sin el peligro de una sanción gubernamental.
Un gobierno democrático debe entender que la libertad de información exige tolerar el disenso como un contrapeso indispensable para la salud pública. La presidenta Sheinbaum y su equipo ya cuentan con canales masivos de difusión para fijar su postura y debatir con sus críticos de forma directa. Extender el brazo regulador hacia la línea editorial de las frecuencias radiofónicas y televisivas bajo el pretexto de los "derechos de las audiencias" no fortalece la democracia; por el contrario, arriesga transformar la pluralidad informativa en una pauta homologada por el Estado.
Fernando Jiménez | PulsoGob, consultor en comunicación política y estratega en gestión del poder. Fundador de la firma (pulsogob.com): Arquitectura Narrativa e Inteligencia basada en datos
Redes: @fernandojenz / @pulsogob Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
