Descartan protección al mandatario sinaloense con licencia
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios o excolaboradores de su administración.
El material difundido incluye los cargos penales mencionados por Washington, un balance de la posición asumida por México y un oficio de extrañamiento dirigido a la embajada de Estados Unidos en México por la divulgación de nombres y acusaciones.
Cristina Planter, subsecretaria para América del Norte de la SRE, explicó que la reserva de las notas diplomáticas no obedeció a una decisión política, sino a límites previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en la Convención de Viena: “Revelar comunicaciones diplomáticas bilaterales vulnera la confianza recíproca y compromete la cooperación internacional”.
Ante señalamientos sobre una presunta protección federal al gobernador de Sinaloa con licencia, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, negó que el Gobierno busque proteger a Rocha Moya o a cualquier otra persona, pues argumentó que ciertos intercambios entre países no pueden publicarse por convenios internacionales, no sólo en México, sino en cualquier relación diplomática del mundo.
En un oficio fechado el 30 de abril de 2026, identificado como ASJ-22632, la Cancillería cuestionó la difusión pública de la Novena Acusación de Reemplazo presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
Otro documento del 30 de abril fijó la postura oficial en seis líneas de comunicación bajo los ejes de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. En ese apartado, la SRE retomó la declaración de la Presidenta, quien afirmó que su administración “no va a proteger a nadie que haya cometido un delito”.
