Busca prevenir que personas con vínculos con la delincuencia compitan en las elecciones
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica, Luisa Alcalde, presentaron una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión que busca prevenir que personas con vínculos con la delincuencia organizada puedan ser candidatas en los procesos electorales de 2027.
Sheinbaum destacó que esta iniciativa busca que el INE, en coordinación con las autoridades de seguridad, puedan determinar la presunción de un riesgo de una candidatura y que los partidos políticos definan si postulan o no las personas candidatas.
Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, informó que este 21 de mayo enviará a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE, se integrará por 5 consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General, la Comisión será un vínculo entre los partidos políticos y autoridades para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas y el objetivo es revisar información de las personas y establecer un posible “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales funcionará de la siguiente forma: los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes, la Comisión consultará con la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y FGR (Fiscalía General de la República).
Las autoridades hacen un análisis y determinan si existe riesgo o si hay riesgo razonable y entregan la información a la Comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo.
De ahí, la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias que advierten ese riesgo y con base en la información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura.
De encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
