Han denunciado ataques armados, provocando el desplazamiento forzoso de 800 personas
El ecosistema de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla llama a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero.
En los días recientes, comunidades del Estado de Guerrero y diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado ataques armados por parte de grupos criminales en contra de habitantes de comunidades indígenas de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán en el Estado de Guerrero, provocando el desplazamiento forzado de al menos 800 personas, el homicidio de cinco habitantes, así como la quema de viviendas y el uso de drones explosivos contra la población.
El desplazamiento forzado es una grave violación a los derechos humanos e impacta de manera diferenciada a los pueblos indígenas, afectando el vínculo comunitario y espiritual que sostienen con el territorio.
El asedio constante de grupos criminales organizados desde hace más de una década no es un hecho aislado, sino que es parte de una condición de inseguridad agravada en años recientes frente a los procesos iniciados por las comunidades para garantizar seguridad y justicia.
Llamamos a los tres órdenes de gobierno a diseñar e implementar medidas eficaces de protección y seguridad para las comunidades afectadas y las personas desplazadas, que sean culturalmente adecuadas y construidas con las comunidades y pueblos indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, con el fin de detener los ataques armados, y asegurar la protección reforzada de mujeres, niñas y niños.
