Era propiedad del exdirector de Pemex, Emilio “N”; se ubica en la colonia Lomas de Bezares
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una resolución favorable que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia, que era propiedad de Emilio "N", ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, valuada en más de 51 millones de pesos.
Lo anterior, como resultado del trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien interpuso el recurso de apelación correspondiente.
La resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo promovido por Emilio "N", confirmó la sentencia de segunda instancia en la que se había declarado procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en Colonia Lomas de Bezares, de la mencionada alcaldía.
En virtud de la investigación y defensa por parte de ministerios públicos de la FGR, con base en las pruebas recabadas, se acreditó que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de una planta, durante la gestión de Emilio "N" como director de Pemex.
Dicho procedimiento legal, inició en 2021, cuando la FGR presentó la demanda de extinción de dominio, la cual fue resuelta en primera instancia por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, en la que declaró que no era procedente la mencionada acción.
Con base en la referida determinación, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, con lo que se revocó dicha sentencia y se declaró procedente la acción de extinción de dominio.
La FGR reafirma el compromiso institucional de impulsar acciones firmes y eficaces en materia de extinción de dominio, para combatir estructuras financieras de la delincuencia y que los bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita se incorporen al patrimonio del Estado y se empleen en beneficio del Pueblo.
