Limitan el salario que podrán registrar quienes se incorporen a esta opción
El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció cambios en las reglas de la Modalidad 40 a partir de este 22 de octubre, luego de un acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Lo anterior, con el objetivo de revisar la viabilidad financiera de este esquema que permite a las personas que dejaron de trabajar con un patrón seguir cotizando por su cuenta para sumar semanas y aumentar su salario base, con el fin de obtener una mejor pensión.
El IMSS impuso nuevas reglas que limitan el salario que podrán registrar quienes se incorporen a esta opción y establecen que el trámite deberá realizarse exclusivamente por medios digitales.
El acuerdo dispone que las personas que ya están inscritas conservarán las condiciones actuales hasta que termine el periodo de aseguramiento que contrataron.
Sin embargo, quienes concluyan ese periodo y quieran continuar cotizando deberán sujetarse a las nuevas condiciones, al igual que quienes soliciten su incorporación a partir de la entrada en vigor de la disposición.
Una de las principales restricciones es que el salario utilizado para continuar cotizando estará vinculado al último salario registrado ante el IMSS cuando la persona causó baja del régimen obligatorio, con el límite adicional establecido en el acuerdo.
Esto modifica las condiciones para quienes buscaban elevar su salario de cotización —a través de aportaciones voluntarias— al acercarse a la jubilación con el propósito de obtener una pensión más alta.
Este esquema de jubilación es especialmente relevante para quienes están sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, es decir, quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, pues el salario promedio de cotización y las semanas acumuladas pueden influir de manera importante en el cálculo de su pensión.
El IMSS justificó la decisión en la necesidad de evaluar el impacto financiero de esta modalidad. El acuerdo instruye a su área de Finanzas a realizar un análisis en un plazo máximo de seis meses y, una vez concluido, la Dirección Jurídica tendrá hasta otros seis meses para preparar una propuesta de cambios a las disposiciones correspondientes.
