Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
El escándalo que alcanzó a Ernesto Ruffo Appel, no inició este fin de semana. El ex gobernador panista fue detenido el fin de semana por acusaciones de contrabando de combustibles a través de una compleja red de empresas con un daño calculado en miles de millones de pesos a las finanzas del país.
Sucedió a mediados del mes de julio de 2020 cuando un acorralado Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, pretendió salpicar en todas direcciones, luego de las acusaciones formales que se le imputaron por haber recibido sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Fue en ese periodo en el que se pretendió involucrar al poblano Miguel Barbosa, gobernador de Puebla en ese periodo y que antes había sido coordinador de los senadores del desaparecido Partido de la Revolución Democrática. “Estoy limpio”, dijo desde la mañanera que ofrecía como mandatario cada mañana en Casa Aguayo.
Una revisión minuciosa de los posicionamientos del difunto Barbosa en la Cámara Alta, en las manifestaciones callejeras y foros junto a figuras como Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, robustecieron en su momento la afirmación. Y en efecto, estaba limpio.
Y es que el dinero había alcanzado a otros perfiles de la escena nacional. Ahí estuvieron por ejemplo los panistas Ricardo Anaya, entonces diputado federal o el senador José Luis Lavalle. El ex candidato fallido a la Presidencia en 2018, según se documentó, recibió de Lozoya más de 6 millones de pesos para aprobar la reforma de Peña Nieto.
Una de las pruebas públicas más notorias se pudo observar en marzo de 2020 cuando Guillermo Gutiérrez, secretario particular del panista Francisco Domínguez, y el ex secretario técnico del Senado, Francisco Caraveo, ligado a Lavalle, reciben fajos de billetes en un sótano del edificio senatorial.
Caraveo habría de admitir ante una autoridad ministerial que no fue un solo viaje, sino que sumaron ocho en total para hacer un monto de 80 millones de pesos.
Dinero contante y sonante. De las manos del PRI a las de un grupo de panistas notables, algunos de los cuales aún enfrentan procesos y condenas.
Ese ángulo de la historia que no se nos había revelado a los mexicanos cuando en el periodo 2012 – 2018 en que gobernó el priista Enrique Peña Nieto, se negoció la aprobación de la reforma energética para permitir que el capital privado entrara a la industria petrolera, una bandera que la izquierda en el país ha defendido por décadas, desde que el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río decidió recuperar de manos de los industriales extranjeros.
Ruffo Appel, como otros empresarios con capital suficiente, encontraron la forma de importar altos volúmenes de diésel y gasolinas desde Estados Unidos con prácticas simuladas que abrió la puerta al ahora popular término que se acuñó en círculos de poder: el huachicol fiscal.
La agrupación criminal del panista dejó de reportar al menos 15 millones de litros de combustibles y el dinero obtenido que no se reportó a la hacienda federal es superior a los 4 mil 500 millones de pesos. Ruffo Appel, como el resto de los imputados desde 2020, están lejos de ser considerados presos políticos.
@FerMaldonadoMX
