Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
A lo largo de los años en México se han dado muestras evidentes del uso político de instituciones cuya vocación original, es la de garantizar justicia para quienes la necesitan y merecen. En el país y en la entidad existe una sólida percepción que descansa en casos probadas de la manipulación de las fiscalías con propósitos ajenos al espíritu original.
En la coyuntura por la que atraviesa el país, no ha faltado quien sugiera que detrás de la comparecencia de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos existe esa intención en contra de una figura que se ubica en la oposición al grupo en el poder, aunque en paralelo se haya llamado a comparecer, de igual manera al morenista de Sinaloa, Rubén Rocha.
En Puebla ha sucedido de manera reiterada. En el gobierno panista de Rafael Moreno Valle, con Víctor Carrancá Bourget se contabilizaron entre 127 y 241 encarcelados por razones políticas y quienes pagaron con encierro fueron opositores a la forma de ejercer el gobierno de un sujeto que no admitió nunca la disidencia ni la forma de pensamiento divergente.
Este modelo parece ser haber sido aprendido por la líder estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, según la conveniencia política. Se observa el armado con celeridad de expedientes, cateos expeditos, órdenes de aprehensión sorprendentes y vinculaciones a proceso que se resuelven con una prontitud que ni en la versión más optimista del sistema judicial mexicano sería posible.
La sospecha que gravita en el ambiente no es muy diferente a la de otros estados del país. En el Veracruz del ex panista Miguel Ángel Yunes Linares las cosas fueron muy parecidas. Fiscalías convertirás en instrumento político en lugar de procurar justicia.
Se observa un patrón recurrente en el país y en el territorio. La influencia del partido en el poder, a lo largo de la historia, convertida en poder fáctico. No se trata de un ejercicio de aplicación de la ley. Es manipulación de instituciones hasta doblegar a funcionarios públicos en beneficio de intereses personales o políticos.
La situación actual no solo reviste seriedad, sino que también implica un riesgo considerable. No obstante, la atención se centra en los desarrollos subsiguientes. En Chihuahua, durante la recepción de la citación el sábado, la señora Maru Campos, estuvo acompañada públicamente por Roberto Gil Zuarth, una figura que destacó como secretario particular de Felipe Calderón, polémico en el ámbito jurídico nacional.
Este mismo abogado, asociado al Partido Acción Nacional, ha mantenido vínculos con el denominado “barbosismo” en Puebla, y también se le ha relacionado con la defensa legal de Olga Romero. Las filias partidistas son selectivas para la dirigente de Morena; es decir, para el debate político Gil Zuarth es adversario, para intereses personales, es aliado.
En Puebla, Morena debería fijar una postura clara. ¿Es intención del movimiento permitir que un abogado con una trayectoria históricamente ligada al PAN asuma el rol de operador jurídico y defensor de los miembros de Morena? ¿O estamos ante una situación en la que una líder morenista, bajo la apariencia de afiliación a Morena, utiliza el partido para promover intereses personales?
Cuando las ideologías se desvanecen y las instituciones judiciales se transforman en instrumentos políticos, se evidencia que el poder trasciende las afiliaciones partidistas y suele enfocarse exclusivamente en la consecución de intereses.
@FerMaldonadoMX
