Parabólica.Mx escribe Fernando Maldonado
La solicitud de información que formuló el sitio serendipia.digital, respecto a costos, origen y destino, así como nombres completos de los funcionarios que han acompañado al gobernador Alejandro Armenta en vuelos de helicópteros –de los que dispone el gobierno de Puebla- es de lo más razonable y comprensible en cualquier democracia que entiende que el derecho a la información es trabajo inherente a la rendición de cuentas.
Corresponde a las instancias de poder valorar la pertinencia de la atención que se preste a ese tipo de formulaciones, legítimas desde la trinchera periodística. Lo que hasta este momento no se ha podido discernir es si la reserva de esos datos obedece a un principio ulterior como lo dicta todo protocolo de actuación ante la coyuntura que vive el país: la seguridad de los ocupantes de los aeroplanos o helicópteros.
No solo porque conocer rutas, horarios, tripulantes y los destinos frecuentes de esos derroteros abre una ventana de oportunidad para el sabotaje, secuestro o atentado, como lo establece la trágica experiencia mexicana: Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación de Felipe Calderón caído en noviembre de 2008; o Francisco Blake Mora, también secretario de Gobernación, en 2011.
En Puebla nadie pasa por alto que la caída de un Augusta el 24 de diciembre de 2018 –en donde fallecieron Martha Erika Alonso, la gobernadora que apenas había protestado el cargo diez días antes, y el senador y aspirante presidencial panista, Rafael Moreno Valle Rosas- sumió a Puebla en una profunda y extensa crisis política que cambió por completo el mapa en el país y las reglas del juego.
Los periodistas que formularon la petición cumplieron con su deber; los responsables de atender esa solicitud a través de los mecanismos de transparencia del uso de los recursos de los que dispone el estado, quedaron a deber. Nadie es infalible, pero es obvio que en juego no solo está el uso de la turbosina y las horas vuelo de los aparatos, sino la seguridad nacional.
Lo que no deja de llamar la atención es el cúmulo de cuentas en redes sociales o quienes tienen ligas con el Partido Acción Nacional, que han replicado la reserva de los datos como si en ello hubiese un juego perverso para esconder lo obvio.
Sobre todo porque se apuesta a la desmemoria o a alentar el ruido suficiente como para borrar el pasado reciente en que se produjo el accidente que cobró la vida de la pareja panista, que había ostentado el poder desde 2010 y más allá de 2017.
El uso discrecional de dinero púbico y las aeronaves del gobierno de Puebla llegaron al exceso de trasladar a los Moreno Valle-Alonso Hidalgo de Casa Puebla –el inmueble en el que vivieron los gobernadores- a un cine en el centro comercial Angelópolis.
Muchos de los periodistas que fuimos invitados al informe de un rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Complejo Cultural, pudimos atestiguar el traslado del mandatario panista de la sede universitaria al Centro Integral de Servicios, a menos de 300 metros de distancia.
Fue un periodo en el que la oposición callaba, los medios volteaban a otro sitio y muy pocos documentaban esos excesos. El teatro se vino abajo cuando en febrero de 2019, poco más de un año de la tragedia aérea, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que el Augusta que se vino abajo con la tripulación a bordo no había despegado del helipuerto que existe en el Triángulo de las Animas la tarde del 24 de diciembre, sino del patio de la residencia de José Chedraui, el actual edil de la capital, en ese entonces empresario vinculado al PRI.
Los Moreno Valle habían mentido hasta el último momento. Pocos lo dijeron entonces y el contraste con ese pasado reciente está en los datos.
@FerMaldonadoMX
