Parabólica.MX escribe Fernando Maldonado
La politización del doble homicidio en contra de un matrimonio que dejó en la orfandad a cuatro hijos es la peor de las señales de un sistema que parece diseñado para atropellar todo tipo de reputación, incluso la de las víctimas de la criminalidad, en cualquiera de sus acepciones, como es el caso que alimentó la narrativa de una oposición que terminó por agarrarse los dedos con la puerta.
Hace dos días que se filtró a medios la detención de un presunto implicado en la muerte de Karina Ruiz y Alejandro Tello, un matrimonio que perteneció a la comunidad de padres de familia del Instituto Oriente a quienes ya se les había exhibido sin vida y semi desnudos en medios de comunicación, en una flagrante violación al Derecho Internacional, según establece la relatoría especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en la Organización de Naciones Unidas.
Mas para alimentar el morbo pernicioso que aún prevalece entre los consumidores de contenidos en medios y redes que como dato que permitiera solventar dudas sobre un expediente inédito, la imagen de las víctimas fue exhibida sin atender al mas elemental principio de humanidad que atiende además a otra distorsión de nuestros días: la normalización de la violencia.
“La protección de los cuerpos y restos humanos de personas fallecidas, especialmente en casos de personas fallecidas a raíz de violaciones a los derechos humanos, concretamente la violación del derecho a la vida, en muchos casos afecta otros derechos de la víctima y de sus familiares”, dice Morris Tidball-Binz, un médico que conoció el dolor de quienes perdieron familiares durante las dictaduras militares de Chile y Argentina.
Nada de eso fue atendido porque la rentabilidad política en medio de un contexto violento en el que vive México, y que ninguna autoridad ha negado, fue premisa desde que perfiles políticos como el ex diputado federal panista, Jorge Triana; y los hermanos Riestra -Mario, dirigente estatal y su hermana, diputada local, Susana- cuestionaron desde la trinchera de la oposición el estado de cosas en el territorio estatal.
“En Puebla la violencia está desbordada. Y (Alejandro) Armenta está muy ocupado promoviendo su ley para castigar críticas”, escribió Triana mientras que su correligionario y dirigente estatal replicó una nota publicada en el diario que, bajo la dirección de Arturo Rueda, ha revictimizado sin tregua a quienes mueren o pierden a un familiar en circunstancias trágicas.
Ante la revelación de la detención de un presunto implicado en el doble homicidio el 19 de febrero pasado, Christian Bautista “Bau” Navarro, funcionario en el gobierno panista de Moreno Valle -trabajó en el área de diseño y en el Sistema de Información y Comunicación-, con ligas familiares en la Auditoría Superior del Estado, la dirigencia local panista tuvo que hacer una maroma acrobática para deslindarse del presunto implicado.
“Ante las versiones difundidas en la que pretenden vincular a este instituto político con personas sujetas a investigación del caso Tello Ruiz, el Partido Acción Nacional manifiesta de manera categórica que dichas afirmaciones carecen de sustento y son absolutamente falsas”, dice el boletín de prensa de Acción Nacional.
Bien dice la conseja popular: para poder acusar, hay que tener cola corta.
@FerMaldonadoMX
