Parabolica.MX escribe Fernando Maldonado
Se cumple una semana de lo que pudo haberse convertido en uno de los factores de ingobernabilidad en el estado de Puebla, con la ejecución de Gisele, Emmanuel y Joaquín, además de los cinco heridos a las afueras del bar Sala de Despecho en la avenida Osa Mayor en Angelópolis.
Aunque existe aún un conjunto de dudas sobre la identidad del autor intelectual que ordenó a un grupo de sicarios abrir fuego en contra de las víctimas en la madrigada del 14 de febrero, pero es notable que el equipo del gobernador Alejandro Armenta no ha dejado de ofrecer datos sobre el entorno del fatídico evento del sábado aquel.
La maniobra desde el cuatro de crisis tras el diagnóstico de un evento potencialmente explosivo permitió una gestión adecuada, aún con la existencia de una airada y justificada indignación ciudadana que no estuvo ajena a cierta turbulencia política por la intromisión de grupos de interés plenamente identificados con propósitos ulteriores que fueron evidenciados uno a uno.
La alteración de la realidad antes durante y después de la actuación del grupo de sicarios a las afueras del centro de diversión en la zona, fue también resultado de la divulgación de información falsa que debió ser confirmada por parte de algunos medios, antes de su publicación para evitar manipulación de la gente.
Desde la perspectiva del análisis obligado acerca de la ruta trazada por el equipo gubernamental en términos de comunicación política, es que se puede contar una historia diferente respecto de eventos del pasado con ciertas similitudes del presente.
Establecer una comparativa por ejemplo con crisis políticas que puso a la sociedad poblana al borde de la crispación, por ejemplo, con el estallido de la crisis que estalló en el gobierno de Mario Marín en febrero de 2004, tras la revelación de la conversación telefónica con Kamel Nacif luego de la detención de la periodista Lidya Cacho que se dejó crecer por un conjunto de reacciones erráticas, que derivó en uno de los capítulos más convulsos en la historia política de Puebla y el país.
No se debe olvidar otra herida profunda cuando en junio de 2014 se disolvió mediante el uso de la violencia policial una manifestación en Santa Clara Ocoyucan, resultado de la eliminación de servicios administrativos en las presidencias de las juntas auxiliares y que dio como resultado la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Fue el periodo del panista Rafael Moreno Valle, a quien con un conjunto de servidores públicos se les distinguió por la audiencia de empatía con la familia del niño, empobrecida de por sí por factores históricas y que avivó una profunda crisis que como la de su antecesor, igualmente padeció los signos de ingobernabilidad ante una sociedad iracunda.
En esa misma lógica es que hay que ubicar la muerte violenta de tres estudiantes y un conductor de un automóvil se plataforma digital en febrero de 2020, que habían asistido a la celebración del carnaval de Huejotzingo.
Los poblanos volvimos a ver una repulsa social con un potencial similar al de los eventos que amainó por la aparición en marzo de ese año, del coronavirus que nos obligó al confinamiento en la gestión del ex gobernador Miguel Barbosa, fallecido dos años después.
La escena aquella de la confrontación en 2004 como acto inaugural de la crisis política recurrente hoy, es diferente. Aunque en medio hayan quedado, solos, quienes aspiraban a convulsionar el estado por un interés ulterior.
@FerMaldonadoMX
